De las 210.000 pensiones no contributivas solicitadas, sólo se han resuelto un 25%

Casi 210.000 personas han solicitado en España una pensión no contributiva al calor de la ley que creó el pasado enero una ayuda para ancianos que no reciben nada del Estado, pero sólo se ha resuelto el 25% del total de las solicitudes presentadas. A tenor de los últimos datos oficiales a 31 de octubre, el sistema de desarrollo de esta ley que ha demostrado ser más eficaz es el de la gestión directa por el Inserso.

Este organismo ha logrado resolver más del 50% de las solicitudes que controla, mientras que las autonomías con la gestión concertada han estudiado menos de una cuarta parte, y las que tienen las competencias transferidas han resuelto el 14%.La gestión de las pensiones no contributivas depende de las comunidades autónomas en virtud de una enmienda introducida en la ley en el último momento por el Grupo Socialista del Senado. Esta ley establece una pensión de 12 pagas de 26.000 pesetas para la gente que nunca ha cotizado a la Seguridad Social o no lo han hecho los años suficientes y para. los actuales beneficiarios del Fondo de Acción Social (FAS) y de la Ley de Integración Social del Minusálido (Lismi), que tienen derecho a cambiarla por una no contributiva.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) sólo se hace cargo de la gestión directa de las prestaciones de Aragón (que no aceptó la transferencia de la materia), Ceuta y Melilla.

A tenor de los datos oficiales de toda España, únicamente se está llevando un ritmo de trabajo "más avanzado" con los resultados porcentualmente "más razonables" en las zonas que está gestionando directamente el Inserso, según fuentes implicadas en el control del desarrollo de la ley.

En Aragón, Ceuta y Melilla se han estudiado más del 50% de las solicitudes. Tanto en la gestión concertada como en la transferida completamente, el porcentaje de expedientes resueltos es muchísimo más bajo. En las nueve comunidades con gestión concertada se han estudiado menos de la cuarta parte del total de expedientes (20.869) y quedan pendientes más de la tercera parte.

Mientras que Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco, con competencias completamente transferidas, es donde porcentualmente se han estudiado menos expedientes, ya que no llegan al 14% (16.449) los que están resueltos

Deprisa y corriendo

Así, las comunidades recibieron "deprisa y corriendo" unas competencias de gestión totales o parciales sin tiempo para preparar la infraestructura necesaria. Además, el proceso sufrió un parón por culpa de las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron la primavera pasada.

La ley se aprobó en enero de 1991, y su reglamento se publicó en el BOE en marzo, pero la mayoría de las comunidades no empezaron a solucionar un número significativo de expedientes hasta que finalizó el verano.

En las últimas reuniones del Instituto Nacional de la Seguriad Social, altos cargos del Ministerio de Trabajo han mostrado su preocupación por la gestión de las autonomías y han llegado a señalar que "la ley está atascada porque las comunidades no tenían el aparato administrativo preparado".

A su vez, el Inserso mantiene reuniones periódicas con los responsables de los servicios sociales y de trabajo de las autonomías para intercambiar impresiones y solucionar problemas. En una de ellas, celebrada la semana pasada, el Inserso pidió a determinadas comunidades que hicieran "todo lo posible para tener solucionado en el primer semestre de,1992 por lo menos el 75% de los expedientes".