Mutis del foro

EL PORTAVOZ de Minoría Catalana, Miquel Roca, renunció a defender las enmiendas de su grupo al proyecto de ley de presupuestos el pasado miércoles, argumentando la nula receptividad mostrada por los socialistas ante las propuestas de la oposición. Los representantes del resto de los grupos opositores, que se sumaron en su totalidad a la iniciativa de Roca, reforzaron ese razonamiento con el de la ausencia del Gobierno del debate. De la combinación de ambos aspectos dedujeron los diputados disconformes que proseguir la discusión resultaba inútil, y decidieron darla por finalizada un día antes de lo previsto.La iniciativa de la oposición, de bastante gravedad política, ya que pocas veces se ha producido tal unanimidad, suscita de nuevo la cuestión de hasta qué punto el actual reglamento de la Cámara es responsable de la escasa agilidad de los debates en general, y de la anual deliberación sobre los Presupuestos del Estado en particular. Pero también saca a la luz la casi nula sensibilidad del Ejecutivo ante la discusión presupuestaria.

El problema es fundamentalmente político, y no depende, en primer lugar, de una reforma reglamentaria, sino de la voluntad de consenso del Grupo Parlamentario Socialista y de lo que éste entiende por coherencia presupuestaria. El Gobierno puede errar al actuar monolíticamente, rechazando una a una las 1.500 enmiendas presentadas, y por ello ser acusado de sectario, pero no de vulnerar las normas parlamentarias o de abuso de poder en sentido estricto. Lo que desde 1982 la derecha llama rodillo le ha sido dado al partido gobernante por los electores, y sólo ante ellos habrá de responden Hablar de dictadura democrática a propósito de lo ocurrido el miércoles revela conocer sólo de oídas lo que caracteriza a las dictaduras de verdad. Entre otras cosas, que no puede decirse que lo sean. El Ejecutivo tiene todo el derecho a actuar así, pero no a pedir a continuación pactos de competitividad, actos de fe sobre la política exterior o acuerdos en otras materias de la vida parlamentaria en los que sí necesita mayor legitimidad, política.

Por tanto, la proyectada reforma del reglamento, ofrecida por el presidente del Congreso como alternativa a la situación creada, será insuficiente por sí misma para dar respuesta a las inquietudes expresadas por los diputados en el momento de justificar su plante. El presupuestario debería ser el debate más significativo de cada ejercicio, tal como ocurre en los países de nuestro entorno. Y ello porque tal documento expresa de manera sintética las prioridades que definen el programa del Gobierno emanado de las urnas. Si de ello se deduce la conveniencia de que el Gobierno, incluido su presidente, participe activamente en los debates, también da pie a considerar que aceptar enmiendas de la oposición asuntos importantes significaría romper la coherencia del sistema de prioridades de la mayoría democrática. Esta contradicción es, sin embargo, más teórica que práctica: con frecuencia es la propia mayoría quien también introduce enmiendas al anteproyecto en el curso de !u tramitación Además, la habitual desviación entre los presupuestos aprobados y s u realización práctica a lo largo del ejercicio suele ser tan grande que no se trata de una propuesta cuya coherencia sea tan compacta que obligue a tomarla o dejarla en bloque. La aceptación, pues, de enmiendas. de la oposición puede tener efectos beneficiosos para la integración social y política del país siempre que no se traduzca en propuestas políticamente caóticas o económicamente contradictorias en su raíz.

Por otra parte, la queja por la ausencia de los ministros está parcialmente justificada, aunque lo habría sido plenamente si los bancos de la oposición hubieran rebosado también de diputados, lo que no fue el caso. Por ello, la demanda es generalizable: la primera obligación de los parlamentarios es acudir a su trabajo; la de los ministros, responder ante el Legislativo, mucho más cuando lo que se discute es la ley que regirá la vida cotidiana de todos los ciudadanos durante todo un año. Pocas excusas, y siempre justificadas de modo público y nítido, pueden regir ante esa norma no escrita, pero básica en cualquier democracia. Hay escasas imágenes tan desmovilizadoras para la sociedad civil como las de un Parlamento semivacío.

En cuanto al carácter tedioso de las sesiones, tiene difícil remedio si se admite que ningún reglamento puede dar lo que naturaleza niega. Si de lo que se trata es de hacer llegar a los ciudadanos las posiciones de las diversas fuerzas sobre sus prioridades programáticas, tal vez sería bueno limitar los debates en pleno a las enmiendas a la totalidad o a secciones enteras de los presupuestos, dejando para la comisión las parciales. Pero nada de ello borra el problema de fondo: el desdén hacia las formas parlamentarias clásicas y el desprecio de bastantes de sus señorías y de bastantes ministros hacia las funciones legislativas.