Cinco de los 11 inculpados en el 'caso Hormaechea' entregan las fianzas
Roberto Bedoya (vicepresidente de la Diputación de Cantabria), los consejeros José Parra y Alberto Rodríguez y los ex miembros del Gabinete anterior Gonzalo Piñeiro y David Puebla fueron ayer los primeros inculpados que presentaron, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, los avales correspondientes a las fianzas por el juez César Tolosa en el auto de procesamiento dictado contra ellos por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Aunque son 11 los procesados, entre ellos el presidente Juan Hormaechea, sólo los citados cumplimentaron ayer la presentación de la fianza que les permite acogerse a la libertad provisional. Hormaechea se halla todavía en Cancún (México).La Ejecutiva del Partido Popular, en el que se halla integrada la Unión para el Progreso de Cantabria, formación política de Hormaechea, no trató ayer sobre el procesamiento del presidente cántabro, informa Efe. Momentos antes de la reunión, la diputada llsabel Tocino había declarado que correspondía al secretario general, José María Aznar, tomar decisiones al respecto.
Por su parte, el diputado popular Martín Villa dijo en Radio Nacional que a Hormaechea le amparaba "la presunción de inocencia".
Juan Hormaechea, presidente del Consejo de Gobierno de Cantabria, está procesado por dos delitos de malversación de fondos públicos y cuatro de prevaricación.
El juez le considera responsable de la adjudicación directa y sin contrato a la empresa Oyprocansa de la confección y colocación de varios centenares de carteles junto a obras de la Diputación. Cada cartel costaba 141.306 pesetas, mientras que el servicio de contratación y compras de la Diputación lo había estimado en 87.586 pesetas. La selección del contratista serealizó sin previa consulta de precios y desoyendo el informe del interventor general. La llegada de Hormaechea a la Diputación coincidió con el encargo de trabajos a Oyprocansa.
Hormaechea, además, ordenó y redactó numerosos remitidos de prensa y cuñas radiofónicas, pagados con fondos públicos, por valor de tres millones, para responder a presuntos ataques políticos.
En 1988, el Consejo de Gobierno acordó "declarar bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico" la zona de Las Llamas, próxima a El Sardinero. Según el auto, un solar afectado por la declaración fue vendido a una empresa de la que es accionista el cuñado de Hormaechea, Juan Renedo, por 100 millones. La parcela fue excluida del plan.
En 1989, la diputación encargó un estudio técnico de inversiones a la empresa Cantel SA, por 48 millones, con el informe contrario del jefe del servicio. Cantel nunca había realizado obras para la diputación hasta que Hormaechea accedió a su presidencia.
En febrero de 1990, Hormaechea encargó a Pedro Orive, presidente de Asociación Estudios Comunicación Autonómicos, una encuesta sobre la gestión del Gobierno cántabro. Según el auto, se originaron gastos por el equipo encuestador superiores al millón de pesetas, de los cuales 595.000 pesetas fueron abonadas a una cuenta de Hormaechea.
