Reforma esperada

EL CUENTO de la buena pipa en que se ha convertido la largamente anunciada y siempre postergada refor ma de las administraciones públicas patece que puede tener fin. El acuerdo que acaban de firmar el Gobier no y los sindicatos mayoritarios del sector (CC OO, UGT y CSIF) para modernizar la función pública es síntoma de que, finalmente, el desaflo es asumido con responsabilidad compartida y realismo por sus protagonistas. Del mismo modo, el plan aprobado el vier nes por el Consejo de Ministros para la mejora de los servicios públicos es síntoma también de que los socialistas comienzan a tomarse en serio en 1991 uno de los objetivos principales del cambio prometido en 1982.No es pecar de optimismo considerar que el acuerdo sindical, que compromete por tres años a sus firmantes en un amplio plan para agilizar la maquinaria administrativa, racionalizar.su diseño y abaratar sus costes, constituye un giro copernicano en las relaciones entre los sindicatos funcionariales y el Gobierno. Queda lejos, efectivamente, la dura oposición funcionarial a las primeras medidas adoptadas por los gobernantes socialistas en el campo de la reforma administrativa, como las incompatibilidades y la Ley de Refonna de la Función Pública. Queda lejos también la ingenua carga moralizante con la que los gobernantes socialistas pusieron en práctica medidas como la generalización del reloj en la entrada de las oficinas públicas o la mejora de los servicios de ventanilla. Además de inconexas, insuficientes y poco operativas, tales medidas fueron pensadas más bien como una operación de imagen con la que se pretendía salir al paso de la sensación siempre penosa que dejan en los administrados sus contactos con los administradores.

El acuerdo alcanzado ahora en el ámbito de la Administración civil del Estado, de sus organismos autónomos y en la sanidad pública no sólo es importante por su letra, sino también por su espíritu. Se ha dicho que sin un sistema retributivo y sin una organización de trabajo equiparables a las pautas que rigen en la empresa moderna es imposible construir una Administración pública profesionalizada y eficaz. La introducción de tales pautas es imprescindible para acabar con la desmotivación y la rutina y, en consecuencia, para posibilitar el servicio público de calidad a que tienen derecho los ciudadanos. Desde esta perspectiva es importante, por ejemplo, que los sindicatos acepten en la organización del trabajo público criterios de evaluación del rendimiento personal, de mejora de los procesos operativos y de valoración de los puestos de trabajo, y que admitan que la reforma administrativa puede implicar reestructuraciones orgánicas y movilidad del personal, así como la introducción de nuevos sistemas y técnicas de gestión. Y es importante que el Gobierno acepte sin ambages el pa pel de los sindicatos en el impulso modernizador de los servicios administrativos, vinculando también este objetivo a la mejora de las condiciones de empleo de los funcionarios, tales como promoción profesional, formación, retribuciones y salud laboral.

Pero el acuerdo también es destacable por el espíritu que revela. En primer lugar, porque establece una filosofía de negociación colectiva, basada en el diálogo y la cooperación, que puede ser un precedente digno de ser tenido en cuenta en otros sectores. También, y fundamentalmente, porque en ningún momento las partes negociadoras -Gobierno y sindicatos- olvidan que el objetivo principal de las medidas acordadas es responder a las demandas de la sociedad en pro de unos servicios públicos de calidad. Es decir, que en sus relaciones con la Administración pública los administrados dejen de ser súbditos y sean tratados como ciudadanos. Lo que hace falta es que propósitos tan admirables no sean un cuento de hadas.