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Hormaechea, procesado por presunta malversación de fondos y prevaricación

El magistrado César Tolosa, de 34 años, dictará en las próximas horas auto de procesamiento contra el presidente cántabro, Juan Hormaechea, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta), según han manifestado fuentes cercanas a la investigación.

La misma suerte correrán el vicepresidente, Roberto Bedoya, y otros ocho consejeros que presumiblemente participaron en reuniones del Gobierno autónomo, en el curso de las cuales se habrían tomado acuerdos que podrían ser delito.El procesamiento es la última y definitiva decisión adoptada por Tolosa después de que el 1 de diciembre de 1990 los miembros de la comisión parlamentaria que investigaba la situación financiera de la Consejería de Economía del gobierno Hormaechea, con excepción del representante del Partido Popular, presentaran denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra el presidente por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La acción judicial no sólo iba dirigida contra aquél, sino también afectaba "a las demás personas que pudieran resultar responsables de las actuaciones del Gobierno autónomo". La denuncia fue formulada por los diputados regionales Manuel Garrido, del CDS; Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista; Manuel Pardo Castillo, ex diputado popular y por entonces adscrito al Grupo Mixto; y el socialista Juan González Bedoya.

Auditoría económica

A principios de febrero último, tras haber sido censurado el presidente Hormaechea y regida ya la comunidad autónoma por un gobierno de gestión presidido por el socialista Jaime Blanco, se conocieron los resultados de la auditoría encargada por el Parlamento autónomo para investigar la gestión económica. Según el presidente de la comisión parlamentaria, Manuel Pardo Castillo, quedaron al descubierto "irregularidades gravísimas", que afectaban a numerosos expedientes.Las conclusiones finales fueron remitidas al ministerio fiscal y al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria a primeros de marzo. Aludiendo aquéllas a decisiones adoptadas por el gobierno de Juan Hormaechea, "con rebeldía al cumplimiento de la legalidad, de manera flagrante y desconocida, que hacen pensar razonablemente en indicios de criminalidad" y que produjeron gravísimo quebranto a la hacienda pública regional.

El magistrado instructor, César Tolosa decidió a principios de septiembre último elevar a sumario las diligencias abiertas, decisión que hizo suponer la existencia de presuntos delitos. La apertura del sumario fue a las pocas horas calificada de "precipitada, apresurada y caprichosa" por parte de José María Stampa Brown, a quien Hormaechea ha encomendado su defensa.

Durante estos meses Hormaechea ha comparecido en dos ocasiones ante el magistrado. La primera el 14 de mayo último, en plena campaña electoral, en la que Hormaechea participaba como candidato a la presidencia del Gobierno autónomo por el partido que había creado meses antes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de noviembre de 1991