Víctimas por partida doble

Les contagiaron el sida por una transfusión y les avisaron con retraso, a algunos hasta un año después de haberles inoculado el virus. El daño es claro, la causa también. Y sin embargo, Sanidad se desentiende de estos enfermos que fueron al hospital a curarse y salieron con el sida: les escamotea una indemnización a la que tienen derecho amparándose en que no hay jurisprudencia y les obliga a malgastar las fuerzas que les quedan en pleitos interminables. "¿A qué esperan para reparar el daño que nos han hecho, a que estemos muertos?", se preguntaba Apolonia Pasamontes, que fue contagiada en el hospital de Vall d'Hebron. Murió hace tres meses, pero su causa sigue cubierta por el polvo de los juzgados.

El 30 de septiembre de este año había en España 117 enfermos de sida contagiados a través de una transfusión de sangre contaminada por el virus, a los que hay que sumar otros muchos portadores que de momento no han desarrollado la enfermedad.Resultaron contagiados cuando todavía no había entrado en vigor la normativa que obligaba a los bancos de sangre a controlar la presencia del virus en las donaciones, y en ello se ampara la administración sanitaria para eludir su posible responsabilidad. Pero muchos de ellos fueron infectados bastante después de que existieran y se hubieran comercializado en España los medios técnicos que hubieran podido evitar el contagio.

Éste es, por ejemplo, el caso de M. A. R. T., un joven de 25 anos que recibió la transfusión en el hospital de Vall d'Hebron, en Barcelona, seis meses después de que el propio banco de sangre de este centro anunciara al Instituto Catalán de la Salud (ICS) y a los demás hospitales que ya tenía "las técnicas en marcha" y podía "asumir todas las determinaciones" que le pidieran, según consta en una circular fechada el 14 de octubre de 1985, que el propio ICS transmitió al resto de los hospitales.

Cargo de conciencia

Como otros afectados, este enfermo siente la impotencia y la desesperación de quien, además de haber sido dañado tan gravísimamente, se ve en la tesitura de tener que demostrar que alguien tuvo la culpa de su desgracia para conseguir que le indemnicen, cuando es evidente que el virus se pasea por su cuerpo y no cayó precisamente del cielo. M. A. R. T. considera que, independientemente de si alguien tiene la culpa y puede o no ser penado por ello, él merece una compensación.Así lo estiman también J. M. G, de 35 años, que fue contagiado en la residencia de Bellvitge y está pendiente de que el Supremo revise su caso. Otros enfermos con menos suerte han muerto ya, como la tenaz Apolonia. Ella fue la primera en presentar una querella contra la Administración por una transfusión efectuada el 14 de mayo de 1986, exactamente siete meses después de la mencionada circular en la que Vall dHebron aseguraba tener a punto el control de las donaciones de sangre.

Apolonia Pasamontes murió el pasado 1 de agosto, sumida en la depresión, sin que cinco años después de haberse producido el daño y casi tres años después de haber presentado la demanda, su caso hubiera sido visto por un tribunal. Otros han visto cómo se les escapaba la vida en la más completa penuria económica. Los abogados que defienden a estos enfermos recurren al sarcasmo: "Probablemente algún heredero recibirá lo que a ellos les hubiera al menos endulzado el final de su vida. Además de víctimas, ellos son hasta ahora los auténticos condenados de la historia judicial del sida".

En realidad, tanto el Ministerio de Sanidad como el Instituto Catalán de la Salud están convencidos de que tarde o temprano tendrán que pagar, si no a todos, a muchos de los afectados. Pero cuando se les ha planteado que es un cargo de conciencia escudarse en la dificultad de objetivar penalmente este problema para dejarles morir sin resarcimiento, sus portavoces se han encogido de hombros. "La cuestión está en los tribunales, y mientras no haya una sentencia firme no cabe hablar de indemnizaciones", argumentan.

Primera sentencia firme

En cualquier caso, la hora de la verdad parece aproximarse. Dentro de dos semanas se producirá la primera sentencia firme en España de ámbito penal. El Tribunal Supremo verá hoy lunes los recursos presentados por las partes contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que en noviembre de 1989 condenó al ex gerente, el ex director médico y la. directora del banco de sangre del hospital de Bellvitge por el contagio de dos enfermos.La condena se justifica en que la infección se produjo por el incumplimiento de la normativa de la Generalitat que obligaba a controlar las donaciones de sangre. Pero el Tribunal Supremo deberá pronunciarse también sobre otra cuestión mucho más peliaguda: si cabe pedir responsabilidades por los contagios producidos con anterioridad a la citada normativa, ya que. la Audiencia de Barcelona desestimó en la misma causa la reclamación de J. M. G., que resultó contagiado también en Bellvitge apenas cuatro meses antes de que el control fuera obligatorio.

Pero aunque el alto tribunal no se aventurase, como parece probable, a modificar la sentencia en este aspecto, todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en un punto: la cuestión de fondo seguirá pendiente.