El nuevo contrato de Telefónica consagra una mayor intervención del Estado en la compañía

El nuevo contrato con Telefónica, que podría ser aprobado la próxima semana por el Consejo de Ministros, consagra y aumenta el intervencionismo del Estado en Telefónica, ya que no sólo mantiene la figura del delegado del Gobierno en la compañía con derecho a veto, sino que además amplía el número de consejeros que representan a la Administración de tres (los actuales) a cinco. El contrato, que sustituye al anterior de 1946, concede a Telefónica el monopolio de la red básica de teléfonos durante 30 años y a cambio le exigirá determinadas condiciones de calidad -entre ellas, garantizar la protección de datos y el secreto de las comunicaciones- y la extensión del servicio a zonas rurales de más de 10 habitantes.

El nuevo contrato es de carácter administrativo, a diferencia del anterior, que tenía rango de ley y, por tanto, la actividad de Telefónica no estaba sometida a la legislación general del Estado.A cambio de ostentar el monopolio del teléfono básico, Telefónica queda obligada, entre otras cosas, a asegurar el funcionaimiento de los servicios y la protección de los datos y el secreto de las comunicaciones. Además deberá dotar antes de cinco años de teléfonos públicos a las poblaciones rurales de más de 10 habitantes. Además deberá fijar el tamaño mínimo de las zonas urbanas telefónicas en un radio de un kilómetro en todos los casos y en dos kilómetros si en el área existen 50 solicitudes de abono. En general, deberá abarcar todo el territorio nacional.

En la cláusula séptima se señala que el Gobierno podrá nombrar hasta un máximo de cinco miembros del Consejo de Administración y en la decimotercera se especifica que se designará un delegado del Gobierno en la compañía "quien, en todo caso, tendrá derecho a veto por razones de interés público". La delegación del Gobierno estará adscrita al Ministerio de Obras Públicas.

Por otra parte, Telefónica deberá tener autorización previa del Gobierno para transformarse en cualquier otra forma de sociedad mediante absorción o integración en una tercera. En el término de un afio, Telefónica deberá presentar a todos sus bienes. Además se deberá presentar al Gobierno anualmente una auditoría extema sobre las actividades objeto del contrato, así como informar de todas sus actividades y normas internas.

Monopolio

Entre los aspectos más significativos del nuevo contrato destacan la concesión del monopolio del teléfono urbano, interurbano e internacional a Telefónica. También mantendrá el monopolio del teléfono móvil automático hasta 1994, lo mismo que la gestión única de servicios como los de videotex hasta 1996. Cuando las directivas europeas sobre servicios de telecomunicaciones entren en vigor Telefónica mantendrá el monopolio sobre el servicio telefónico básico.En relación con las redes o servicios portadores, Telefónica podrá crear o completar su propia red digital de servicios integrados, pero no podrá constituirse en red de servicios le televisión.

En el segundo anexo del texto del contrato se señalan los índices de calidad del servicio telefónico básico, que deberá ser de un 85% en el año en curso, de un 90% en 1992, de un 95% en 1993 y de un 100% en 1994. De acuerdo con expertos de Telefónica, se le exige a la compañía que cumpla unos niveles de calidad similares a los que tiene Bélgica, cosa imposible de cumplir dada la orografía española. Entre los parámetros de calidad se citan el tiempo medio de espera del servicio, la lista de espera, el aviso de avería, el tiempo de duración de las averías, las reclamaciones de facturación, las llamadas ineficaces por fallos de red y la tarificación incorrecta.

Respecto a las tarifas, el Estado se compromete a dotar de una tabla de tarifas que respete el mantenimiento del equilibrio financiero global "garantizando que Telefónica pueda cubrir tanto los gastos de explotación como las dotaciones para reservas y retribución del capital".

[En este sentido, el presidente de Telefónica, Cándido Velázquez Gaztelu aseguró ayer que la compañía pedirá una subida de tarifas del 5% en 1992, según informa Europa Press. Matizó que las llamadas internacionales y las comunicaciones entre empresas verán reducido su precio.]