110.000 millones para limar asperezas

La posibilidad de aumentar los recursos de las comunidades autónomas en 110.000 millones de pesetas en los próximos dos años, es una de las cartas que el Gobierno guarda bajo la manga para limar asperezas y que sea posible un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Esta iniciativa, contemplada en un documento de la Secretaría de Estado de Hacienda, persigue cubrir la insuficiencia de recursos de las autonomías para financiar la inversión nueva.

El ministro de Economía y Hacienda, por su parte, confirmó que la negociación con las comunidades autónomas tendrá un coste para el presupuesto del Estado. "El juego no va a ser de suma cero, sino positivo afirmó, "ya que no va a producir una mera redistribución de los recursos". En definitiva, la "solidaridad" no se entiende bajo el prisma de quitar el dinero a unas comunidades para dárselo a otras. El ministro puntualizó que el coste "no será importante y no representará dificultades en los equilibrios presupuestarios".

Estos 110.00 millones irían a parar a la denominada compensación transitoria del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), uno de los temas acordado ayer para el debate. El FCI está dotado en 1992 con 214.839 millones de pesetas, de los que la mitad corresponden al fondo como tal (para nueve comunidades por debajo del 75% de la media de renta de la CE) y la otra mitad, a la denominada compensación transitoria (para todas). Esta compensación está destinada a aumentar la financiación de la inversión nueva, es decir, la participación de las autonomías en las nuevas inversiones programadas en los Presupuestos del Estado para cada año.

Más competencias

Hacienda considera que la cantidad "transitoria" (107.234 millones en 1992), es insuficiente para cubrir el objetivo señalado. De aquí que se apunte la posibilidad de duplicar este dinero (110.000 millones más) pero repartido en dos años.Esta medida y otras destinadas a cambiar los elementos que se tienen en cuenta a la hora de repartir los financiación de las comunidades (población, superficie, renta...) perseguirían nivelar los recursos de que dispone cada una de ellas por habitante. En ello hay que partir de la base de que no todas tienen las mismas competencias y, por tanto, los recursos que necesitan varían. Aún así, hay desajustes dentro de cada grupo y en este aspecto, y Hacienda apunta que es necesario "cerrar el abanico".

No se descarta tampoco la posibilidad de traspasar la educación a las comunidades que ahora no prestan este servicio directamente, pero existen serias dudas sobre ceder las competencias en sanidad. Junto a la descentralización total de las competencias sobre educación, no se descarta la posibilidad de que las transferencias que se efectúan desde la administración central para subvencionar la enseñanza privada se dejen incondicionadas.