Corcuera cree que la figura de la retención es constitucional

El Defensor del Pueblo, Álvaro Gil Robles, ha remitido al Congreso de los Diputados la contestación del Gobierno al informe del defensor relativo a 1990. En ella, el Ministerio del Interior responde que hay una serie de conductas que, inevitablemente, implican una cierta pérdida de la libertad de movimientos, pero, "no como una detención, sino como un deber de colaboración del ciudadano respecto a la Administración". De esta forma lo que Corcuera defiende es la retención como una figura constitucional.El Gobierno responde al Defensor del Pueblo por departamentos ministeriales. En el correspondiente al de Interior, se dice que el informe de 1990 planteó el problema de las zonas intermedias entre la detención y la libertad y que se sacó a colación la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contraria a esas zonas intermedias.

Interior dice que, "sin entrar en ningún género de polémicas, puede afirmarse que los pronunciamientos del alto tribunal sobre esta cuestión se han visto matizados por una posterior jurisprudencia que, sin desvirtuar la anterior, considera una serie de conductas que inevitablemente implican una cierta pérdida de la libertad de movimientos, no como una detención, sino como un deber de colaboración del ciudadano respecto a la Administración. Pone como ejemplo una sentencia del Constitucional sobre un caso de prueba de alcoholemia, en la que se habla no de detención, sino de la presencia de una persona en comisaría por "el tiempo estrictamente necesario" para realizar la comprobación.

Disciplinar a los jueces

En el capítulo relativo a Justicia, el Gobierno reconoce que el sistema para exigir responsabilidades disciplinarias a los jueces y magistrados está regulado deficientemente, por lo que debe ser reformado. El Ministerio de Justicia subraya tal deficiencia y señala que la reforma debe abordarse y resolverse "de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial".Justicia destaca también el esfuerzo llevado a cabo para dotar de personal a los órganos judiciales y anuncia que se encuentra "en avanzado grado de elaboración" el anteproyecto de ley sobre organización interna y régimen jurídico de juzgados y tribunales, "para definir de manera más precisa y operativa la distribución de funciones entre los distintos cuerpos".

El Gobierno "se muestra satisfecho" del avance constatado por el Defensor del Pueblo en "el respeto y la defensa de los derechos humanos en supuestos tan polémicos años atrás como las novatadas en las Fuerzas Armadas y en el ámbito penitenciario".