Reforma o revolución

El Gobierno abordará la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica en dos fases diferenciadas. En la primera, intentará centrar el debate en los problemas de los mecanismos actuales -inversión nueva, compensación transitoria, financiación incondicionada, nuevas ponderaciones, nivelación de servicios mínimos- y dejar para una segunda etapa los aspectos en los que existen más divergencias, como la corresponsabilidad fiscal, o el endeudamiento y el control del gasto público. El acuerdo para la primera fase debería alcanzarse antes de fin de año, mientras que para el resto no hay calendario. La idea es, primero la reforma y después, en tal caso, la revolución.

Las dos normas de un buen negociador es no tener prisas y no enseñar todas las cartas de antemano. Así lo ha entendido el Gobierno cuando se dispone, el próximo 6 de noviembre, a abordar el primer encuentro oficial con las comunidades autónomas para buscar un nuevo esquema de relaciones financieras. Se trata de hablar de un asunto tan Político como es el reparto del dinero de todos en esta España tan diferente. No hay prisas, en efecto, para cerrar el acuerdo, más allá de lo que pueda suponer una solución a los problemas que el actual sistema plantea. Incluso, si no es posible sellar este pacto antes de la fecha límite de fin de año, el Gobierno no se rasgaría las vestiduras si hay que prorrogar los actuales mecanismos. El Ejecutivo ya ha manifestado en repetidas ocasiones que el actual marco de relaciones ha funcionado bien. De hecho, en sus cinco años de vigencia, no ha habido especiales fricciones.

Se reconoce, eso sí, que hay piezas que es necesario volver a ajustar. Por ejemplo, si la compensación transitoria prevista en el Fondo de Compensación Interterritorial es suficiente y está bien repartida para afrontar la inversión nueva por parte de las comunidades no beneficiarias del FCI (País Vasco, Cataluña, Cantabria, La Rioja, Aragón, Baleares y Madrid).

El Fondo de Compensación se limitó a partir de este año a las comunidades con renta por habitante inferior al 75% de la media de la Comunidad Europea. Se hizo así para corregir el hecho de que autonomías más desarrolladas, como el País Vasco y Cataluña, habían aumentado su participación en los últimos años, en detrimento de las más atrasadas (Andalucía, Extremadura o Castilla y León).

Se dejó para el grupo avanzado una cantidad de dinero igual a la del fondo (107.419 millones de pesetas en 1992) para permitirles financiar su participación en las nuevas inversiones públicas previstas en los Presupuestos del Estado de cada año. A partir de 1992, esta financiación se deja incondicionada, es decir, las autonomías pueden disponer de este dinero con libertad.

Libertad para gastar

Una de las reivindicaciones permanentes de las comunidades autónomas es, precisamente, aumentar su financiación incondicionada; es decir, que una parte de los recursos cautivos que les transfiere el Estado puedan emplearse con un mayor margen de maniobra. El bocado más importante, en este sentido, consistiría en liberar las transferencias que ahora se destinan a subvencionar la enseñanza privada. El otro ajuste a realizar corresponde a las variables que se tienen en cuenta a la hora de repartir la participación de las comunidades en los ingresos del Estado. El factor que más pondera es el de la población, especialmente en las comunidades que tienen transferida educación y sanidad. Aquí se tendrá en cuenta la evolución de la tasa de natalidad para realizar ajustes.

Además, se pondrá sobre la mesa la necesidad de garantizar lo previsto en el artículo 11 de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomías), en el sentido de que todas las autonomías deben nivelar los servicios públicos que prestan a sus ciudadanos.,

Si estos aspectos, y otros de este orden que puedan plantear las comunidades autónomas en el curso de la negociación, se solventan a tiempo, el Gobierno propondría pasar a la negociación política. Los dos puntos sobre la mesa serían la llamada corresponsabilidad fiscal y el control del gasto público. Todo ello siempre que en el inicio de la negociación, las comunidades acepten este calendario y no se abra un debate que cambie el ritmo de las conversaciones.

Precisamente, éste será uno de los primeros puntos a tratar en la reunión del próximo 6 de noviembre. El Consejo de Política -Fiscal y Financiera -que preside el secretario de Estado de Hacienda, y del que forman parte Administraciones Públicas y los consejeros de Economía y Hacienda de las autonomías- intentará en primer lugar ponerse de acuerdo sobre los temas a tratar y, después, fijará el calendario de discusión.

Sobre la corresponsabilidad fiscal concretada en la cesión del IRPF, todo indica que el Gobierno no tiene aún una postura fija. Hasta ahora, se han expresado criterios divergentes desde la Administración y entre las autonomías. El punto de acercamiento puede estar en una cesión parcial del IRPF -un porcentaje de la recaudación- lo que, según fuentes de Hacienda, debería en su caso implantarse en todas las autonomías a la vez por criterios de eficacia.

Responsables

Otra forma de corresponsabilización sería dar voz y voto a las comunidades autónomas en las decisiones en materia fiscal. Aquí las dos opciones estarían entre dar entrada a los consejeros de Hacienda en la nueva Agencia Tributaría o que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ya existe, el que actúe como organismo de consulta. La preocupación de las autoridades económicas sobre el control del gasto público y el endeudamiento de las comunidades autónomas se abordará también en esta segunda negociación. Se trata de buscar un compromiso para reducir el déficit público y, a la vez, solucionar los problemas de tesorería de las comunidades autónomas. Su queja es que el retraso con que reciben las transferencias del Estado les precipita al endeudamiento. La Administración central, por su parte, intentará cerrar un acuerdo que permita controlar el gasto ya que las autonomías gestionan cada vez un mayor volumen de recursos públicos.