El Gobierno apuesta por Gregorio Peces-Barba como nuevo presidente del Constítucional

El Gobierno quiere que el próximo presidente del Tribunal Constitucional, en sustitución de Francisco Tomás y Valiente -cuyo mandato concluye el 22 de febrero de 1992-, sea el actual rector de la Universidad Carlos III y catedrático de Filosofía del Derecho, Gregorio Peces-Barba. El cese simultáneo de Tomás y Valiente y del vicepresidente del alto tribunal, Francisco Rubio Llorente, y la falta de un presidenciable indiscutido dentro del tribunal preocupa al Ejecutivo, que cree a Peces-Barba el jurista adecuado para ponerse al frente del máximo intérprete de la Constitución.

Además del presidente y vicepresidente, en febrero abandonarán el tribunal los magistrados Jesús Leguina Villa y José Luis de los Mozos, este último por dimisión. También corresponde el cese de José Gabaldón, magistrado que, por haber permanecido en el cargo menos de tres años, es reelegible. La preocupación de la Moncloa procede del hecho de que ninguno de los siete magistrados que continúan en el Tribunal Constitucional tiene carisma suficiente para ser elegido, por los demás presidente. "Los siete que quedan son candidatos a presidente", manifestó a EL PAÍS una fuente del tribunal.

Un jurista aceptado

El riesgo de que para la elección de presidente se produzca una fuerte división de votos -en primera votación se requiere mayoría absoluta de lo 12 magistrados, aunque en segunda basta con mayoría relativa- y el criterio de que al frente del Constitucional debe haber un jurista aceptado por sus colegas, ha hecho al Ejecutivo pensar en un presidenciable de fuera del alto tribunal, aprovechando que hay que cubrir al menos cuatro vacantes. El problema consiste en que el Gobierno sólo puede promover la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, a quienes corresponde después elegir a su presidente. El Gobierno socialista tiene presente lo ocurrido en 1980 a la UCD de Adolfo Suárez, que quiso que el presidente del alto tribunal fuera Aurelio Menéndez, pero resultó elegido Manuel García Pelayo. De ahí que en la Moncloa se haya pensado en Peces-Barba como candidato de prestigio tanto desde el punto de vista político, ante los partidos, como desde la perspectiva de la ciencia jurídica, ante los magistrados que han de elegirle.

Las fuentes consultadas recuerdan la experiencia de Peces-Barba como uno de los protagonistas del laborioso consenso constitucional y de la elección de los primeros magistrados del alto tribunal, así como la concepción institucional con que quiso ejercer su cargo al frente del Congreso de los Diputados como presidente "de todos" y sus posiciones jurídicas independientes. El documento elaborado por Peces-Barba, con otros catedráticos, para advertir a Felipe González sobre la llamada ley Corcuera avala, según tales fuentes, su autoridad moral incluso ante los grupos de oposición.

El primer escollo con que cuenta el Gobierno, según varios catedráticos de la Universidad Carlos III y otras fuentes próximas a Peces-Barba, es la resistencia de éste a abandonar la docencia.

Resistencia al cargo

Paradójicamente, según fuentes gubernamentales, este distanciamiento de Peces-Barba refuerza el interés de la Moncloa por ofrecerle el cargo, si bien estima comprensible que es preciso obtener seguridades de que resultará elegido presidente. Para ello, además de la influencia que se pueda ejercer sobre los magistrados que continuan, es preciso una cuidadosa elección de los nuevos. La estrategia todavía no está ultimada, pero entre los juristas que empiezan a sonar como probables candidatos del PSOE figuran los catedráticos de Derecho Constitucional Eliseo Aja Fernández -compañero del hoy ministro de Cultura Jordi Solé Tura, en cuyo gabinete trabaja ya la esposa de aquel-, Pedro de la Cruz Villalón o Javier Pérez Royo -ambos catedráticos en Sevilla y el último rector- y Manuel Aragón -de la escuela de Rubio Llorente-.

Miembros salientes del Tribunal Constitucional temen que la obtención del consenso se prolongue y tengan que continuar en funciones, como el Tribunal de Cuentas, que debió renovarse en julio, y que los grupos parlamentarios sólo se preocupen de sus cuotas en la elección. El catedrático de Ciencia Política Carlos Alba sugiere una fórmula: "Que cada grupo proponga un candidato aceptable para el otro".