Las españolas no denuncian el acoso sexual por miedo al escándalo o a la pérdida de su trabajo

Esperanza Vivar, una alicantina que llevó a su jefe a los tribunales en 1988 por molestarla sexualmente, no volvería a hacerlo "porque no se consigue nada y además termina sabiéndolo todo el mundo". Lo mismo sucede con las trabajadoras que denuncian acoso sexual en los sindicatos -30 este año en CC OO de Madrid- Las paraliza un "miedo histórico y laboral", opina el magistrado José Augusto de Vega, para defenderse en la resbaladiza frontera que separa el requiebro del hostigamiento. Según UGT, el 40% de las españolas que trabajan ha sufrido el acoso sexual de sus jefes o compañeros en el ámbito laboral.

"Más que a denunciar, las mujeres acuden a nosotros en busca de ayuda", explica María José Vilches, de la Secretaría de la Mujer de CC OO. "Es verdad que se ha perdido el miedo y que la sociedad está más abierta a condenar este tipo de actos, pero todavía son muy pocas las que tienen intención de seguir adelante con la denuncia y generalmente cuando son situaciones de acoso sexual que se vienen produciendo durante meses".Un estudio estadístico publicado por el sindicato UGT en 1988 revelaba que al menos el 40% de las trabajadoras españolas había sido objeto de acoso sexual por parte de sus jefes -en la mayoría de los casos- o de sus compañeros en el ámbito laboral. Tres circunstancias concurrían en los casos más flagrantes: ser mujeres jóvenes, en trabajos temporales y con cargas familiares. "Las que llegan hasta nosotros", dice Lucía Villegas, de UGT, "nos piden ayuda para pedir una baja o un traslado porque se hace insoportable la tensión diaria en un asunto de acoso. '¡Pero bueno, si tú eres la víctima!', les contestamos. En todo caso será el agresor el que tiene que marcharse".

Estas mujeres tienen miedo a denunciar por dos motivos. Primero, por el riesgo de ser denunciadas a su vez por difamación. "Hay muchos casos. en los que la víctima se convierte en demandada", asegura Vilches. Y segundo, por la casi certeza para muchas de ellas de que perderán el puesto de trabajo si lo hacen. El magistrado del Tribunal Supremo José Augusto de Vega lo llama miedo "histórico" y miedo "laboral".

Protección especial

Las pocas denuncias que han llegado a los tribunales, como punta de iceberg del número real de casos, han permitido conocer algunos términos de las coacciones. A María José López, su Jefe le manifestó que "si accedía a sus deseos libidinosos, le prorrogaría el contrato y la protegería. de forma especial", según recogía la sentencia por abusos deshonestos dictada por la Audiencia de Lérida. Fue la famosa sentencia de la minifalda, porque el juez que condenó al empresario Jaime Fontanet entendió, no obstante, que la forma de vestir de la denunciante "provocó este tipo de reacción en su empresario, que no pudo contenerse".

Hoy, dos años después, María José no quiere saber nada del tema. "Vaya que si lo ha pasado mal la mocica", comenta su madre por teléfono. Según ella, ha pasado de ser una secretaria acosada por un jefe a ser una mujer acosada por los medios de comunicación para que relate una y otra vez su. caso. Tampoco es muy proclive a ello la alicantina Esperanza Vivar, sobre todo (después de que su agresor, condenado a una sanción económica por los tribunales, quedará casi impune al declararse insolvente. En 1989, Esperanza denunció a su jefe, primero a través de los sindicatos y después por la vía penal, por haberla acosado sexualmente en el trabajo. El le había explicado que era normal que las secretarias mantuvieran relaciones sexuales con sus superiores y que "si quería seguir trabajando tenía que sacrificarse".

"Me quedé absolutamente frustrada con la sentencia", explica. "Claro que recomiendo a las mujeres que denuncien este tipo de casos, pero que lo hagan por la vía laboral. Por los tribunales no se consigue nada. Sólo dar publicidad al asunto y que al final lo conozca todo el mundo. Si me pasara de nuevo, desde luego que no lo haría", asegura Esperanza convencida.

El magistrado José Augusto de Vega admite la dificultad que tienen algunos jueces para decidir sobre estos temas, ya que el acoso sexual ni está tipificado como delito ni figura mencionado como tal en el Código Penal. Está encuadrado como delito contra la libertad sexual entre los 4.586 que se registraron globalmente en 1990, según la memoria de la Fiscalía General del Estado. De Vega ha emprendido una batalla, casi en solitario, para que el acoso sexual se tipifique en España como un delito autónomo. Sólo Francia, en el entorno europeo, lo decidió así hace apenas cinco meses.

Antesala de otros delitos

La propuesta del magistrado es que se considere delito "el acoso reiterado, no querido por un particular, a cualquier persona en demanda de solicitud sexual acompañada de gestos, expresiones, tocamientos u otros actos inequívocos no encuadrados en la agresión sexua". Su argumentación se fundamenta en que el acoso sexual "es la antesala de muchos otros delitos sexuales". De Vega quiere impedir, por la vía legal, que la libertad de la mujer "para ser coqueta, ponerse minifalda suponga una patente de corso" al hombre que quiera justificar en ello su acoso a la mujer. Impedir también los traumas psicológicos que arrastran las mujeres que han sido sometidas a un acoso sexual.

Casi todas las mujeres que llegan a denunciar un acoso refieren una larga etapa posterior de miedos, depresiones e, incluso, de rechazo al mundo laboral. Estas circunstancias dieron lugar en 1989 a una sentencia sin precedentes en la jurisprudencia española: el fallo de un acoso sexual como accidente laboral. Por primera vez, un tribunal, el Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, condenó a la Administración sanitaria a pagar a la enfermera María de los Angeles Montero, del ambulatorio de Tomelloso (Ciudad Real), el 10% de la pensión de invalidez durante los 26 meses que duró su incapacidad física a consecuencia del asalto sexual de que fue objeto por parte de un compañero.