IU dará por roto el consenso constitucional si se aprueba la ley de Seguridad Ciudadana

Pablo Castellano, diputado de Izquierda Unida, expuso en un debate sobre el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, emitido anoche por TVE 1, que si el Parlamento aprueba la actual redacción del citado texto su grupo considerará que se ha roto el consenso constitucional. Mientras que el ministro del Interior, José Luis Corcuera, manifestó que sólo los delincuentes deben temerla, Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP, afirmó que este texto contiene "buenas intenciones pero malas disposiciones".

CIUDADANAÁlvarez Cascos aseguró que el principal error del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es que "no incluye la penalización del consumo de droga porque Felipe González se niega a reconocer su error". A su juicio, esta ausencia dejara esas buenas intenciones en "agua de borrajas".El ministro del Interior reiteró a lo largo de toda su intervención dos ideas: el texto es homologable al que rige en otros países como Alemania, Italia, Francia o Estados Unidos, y que si existiera algún punto que rozase la inconstitucionalidad, eso sería corregido por el Parlamento. Corcuera llegó a citar que Holanda cambió su Constitución para poder adoptar medidas contra el narcotráfico, si bien posteriormente precisó que con ello no pretendía proponer una reforma de la Carta Magna para por esta vía hacer constitucional su proyecto.

Competencias judiciales

Perfecto Andrés Ibáñez, representante de Jueces para la Democracia, aseguró que este proyecto detrae competencias a los jueces y atribuye unas responsabilidades a los policía que pueden suponerles problemas en su aplicación. Asimismo negó que la supuesta tardanza en las autorizaciones judiciales impida atajar la venta de droga en domicilios, dado que esta tarea no se realiza e un instante sino de manera generalizada y tampoco su des cubrimiento es fruto de la inspiración.Frente a las críticas de Castellano de que con la ley en la mano se podrá sancionar a los sindicatos que ejerzan el derecho de reunión, Corcuera manifestó que la ley sólo sancionará a quienes alteren el tráfico o se manifiesten ilegalmente, y a renglón salido mostró su convicción de que los sindicatos siempre cumplen con la ley.

Josep María Trías de Bes, diputado de CiU, defendió la necesidad de esta ley y criticó el hecho de que algunos de sus detractores parten del supuesto de que se aplicará mal. José Antonio Souto, del CDS, expuso que la ley atribuye sólo a las fuerzas de seguridad lo que hasta hoy pertenecía a una cadena que incluye a jueces, fiscales y policía judicial. José María Mohedano, del PSOE, echó un capote al ministro en sus críticas a los jueces. Llegó a decir que "no hay falta de respeto a los jueces, pero hay jueces irresponsables". Asimismo defendió con vehemencia que la policía pueda realizar registros domiciliarios en caso de flagrante delito de narcotráfico por entender que para atacar esta actividad no se puede es perar a la llegada del mandamiento judicial.