Corcuera, contra los jueces

ALGUNAS DE las cosas dichas por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, en su intervención parlamentaria a favor del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, y muy particularmente las que han tenido por objeto la actuación de los jueces, han logrado lo que parecía imposible: oscurecer el propio debate parlamentario y distraer la atención de una polémica ley que preocupa a juristas y ciudadanos. Un resultado de tal calibre sólo podía estar al alcance de un ministro que parece haber hecho de la ley de Seguridad Ciudadana su propia ley, trivializando las opiniones críticas de sectores profesionales y sociales y limitando, sobre todo, la responsabilidad que en su elaboración, ejecución e interpretación corresponde a otros poderes e instituciones del Estado.Cuando el ministro Corcuera declara públicamente que dará órdenes para que no consten determinadas diligencias policiales en los atestados o imputa a las resoluciones judiciales fines obstruccionistas a la función policial y a la suya propia como ministro del Interior, demuestra ignorar lo que respresenta la funciónjurisdiccional en el Estado de derecho. Una ignorancia que se torna en despropósito cuando cuestiona la legitimidad de los jueces porque no son elegidos cada cuatro años como los gobemantes. El ministro no sabe, pero alguno de sus asesores debería enseñárselo, que las fuentes de legitimación del poder judicial, a diferencia delos otros poderes del Estado, nada tienen que ver con la voluntad u opinión de la mayoría. Su legitimación deriva del principio de estricta legalidad y de sujetión a la ley y, también, de la capacidad de tutelar los. derechos fundamentales de los ciudadanos. De ahí que ninguna mayoría pueda hacer legítima la condena de un inocente o dar por bueno el error cometido en perjuicio de otro ciudadano.

Que un ciudadano particular desconozca estos elementales principios de derecho político puede ser intrascendente, pero no lo es que un ministro del Gobierno ejerza sus funciones públicas desconodiendo la potestad jurisdiccional del Estado o el papel que la Constitución atribuye en exclusividad a los jueces. No está en cuestión que el ministro pueda criticar actuaciones concretas de un juez. El presidente González y la ministra portavoz han apelado a este derecho para acudir en socorro de su compañero de Gabinete. La crítica es un sano ejercicio en una sociedad democrática, pero tampoco está de más recordar, como lo ha hecho el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, que el Gobierno tiene en sus manos, dentro del engranaje de la justicia, un órgano como el de la Fiscalía para apelar cualquier decisión judicial que entienda contraria a derecho. Toda la intervención de Corcuera apesta a conflicto generalizado entre policías y jueces, tanto que el propio presidente del Gobierno, aun apoyándole, ha tenido que reconocer que sus expresiones no fueron afortunadas.

El riesgo es que suceda lo que ha sucedido: añadir al ya de por sí tenso debate en torno a la ley de Seguridad Ciudadana un indeseable conflicto institucional entre poderes. Todas las asociaciones de jueces se han manifestado a favor de la dimisión o cese del ministro. No plantean una cuestión reivindicativa. Al contrario, es una propuesta previsora ante la más que probable escalada de enfrentamientos entre las instancias gubernativa y judicial si en Interior existe tamaña confusión sobre el papel que corresponde a jueces y policías en un sistema democr ático.