Lo verosímil

EL PRESIDENTE del Partido Popular (PP), José María Aznar, estuvo acertado al decidir comparecer personalmente -renunciando a la posibilidad de prestar declaración por escrito- ante el tribunal que le ha citado como testigo en relación al llamado juicio de la construcción, cuyo principal acusado es el alcalde de Burgos. Pero casi todo lo que ha declarado Aznar posteriormente sobre el asunto, incluidas algunas acusaciones poco argumentadas contra el presidente del Gobierno, ha emborronado una buena parte de ese acierto inicial.En el denominado juicio de la construcción se trata de esclarecer si el alcalde favoreció con sus concesiones de contratas de obras públicas a un determinado constructor. Uno de los testigos, el anterior presidente de la Diputación burgalesa, declaró haber participado personalmente en entrevistas en las que los otros interlocutores eran el alcalde, el constructor presuntamente favorecido y José María Aznar. Ese testigo rectificó posteriormente tal declaración, por lo que, a propuesta del abogado de la acusación particular, el tribunal decidió llamar a declarar a Aznar. Éste ha considerado dicha decisión judicial "una manipulación política escandalosa e intolerable", y ha insinuado que el partido socialista -y más precisamente su secretario general, Felipe González- está detrás de la misma. Su análisis es que cada vez que mejoran las expectativas electorales del PP surgen episodios destinados a impedir el afianzamiento de una alternativa de centro-derecha.

Pero el presidente del PP olvidó lo que tal vez era más obvio: aclarar si, al margen de que tenga o no que declarar al respecto, era verdadero o falso que se había reunido con el alcalde y el constructor, y, en su caso, si la conversación había tenido alguna relación con la búsqueda de fuentes de financiación para su partido. Pues ese sería el único motivo por el que la hipotética entrevista tendría interés público. A los efectos, carece de relevancia el dato -esgrimido por Aznar como prueba de imposibilidad cronológica- de que en las fechas de referencia él no era aún presidente de la Comunidad de Castilla y León; pues lo era del partido (todavía denominado AP) en esa región: concretamente, desde junio de 1985.

Atribuir a influencia del poder socialista la decisión adoptada por los jueces equivale a acusar a éstos, sin prueba alguna, de prevaricación. Lo cual no sólo es irresponsable, sino incoherente con las declaraciones del PP sobre la necesidad de prestigiar y devolver su crédito social al poder judicial. Pero además se trata de una acusación bastante inverosímil. La convocatoria de Aznar como testigo fue solicitada al tribunal por la acusación particular, los. empresarios burgaleses de la construcción, constituidos en parte por considerarse perjudicados por las decisiones administrativas del alcalde. No resulta creíble que esas personas, la mayoría de las cuales simpatizan, según su abogado, con el PP, hayan actuado por cuenta del PSOE.

Todo parece indicar, así pues, que Aznar ha marrado el golpe. Tal vez por haber tomado al pie de la letra lo que algunos aduladores dicen en sentido metafórico. Si lo que deseaba era denunciar el obstruccionismo del poder socialista a la consolidación de una alternativa de centro-derecha podía haber encontrado argumentos mucho más sostenibles. Por ejemplo, los intentos de evitar el acceso de una opción de ese signo al Gobierno de Navarra mediante alianzas con fuerzas nacionalistas, o el escándalo de arrebatar la presidencia de la Diputación de Salamanca con métodos impresentables, o los penosos antecedentes del pacto con Barreiro en Galicia y con un tal Piñeiro en la Comunidad de Madrid. Episodios todos ellos en los que el intento de acceder o mantenerse en el poder se ha impuesto a consideraciones de lealtad al sistema.