El Gobierno aprueba una ley que le permitirá cerrar emisoras sin intervención judicial

La reforma de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), aprobada ayer por el Gobierno, califica como falta administrativa muy grave la interceptación y divulgación, de forma voluntaria o accidental, de "comunicaciones efectuadas por cualquier canal y no destinadas al uso público general". El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, José Borrell, aseguró que este cambio "no tiene nada que ver con el derecho a la información". La nueva norma hace innecesaria la intervención de los jueces.

Con la norma aprobada ayer, el Ejecutivo abre un nuevo frente polémico cuando está en su apogeo el debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, y más que caliente el rechazo de los jueces a la intervención parlamentaria del ministro Corcuera.La modificación de la LOT establece sanciones administrativas de hasta 10 millones de pesetas para los que intercepten de manera voluntaria o accidental comunicaciones efectuadas a través de cualquier red de telecomunicación y prevé, asimismo, la retirada de licencia para los "operadores del sistema de comunicación social" que divulguen o informen sobre ellas.

El responsable de Comunicaciones manifestó que las sanciones afectarán igualmente a los que intercepten conversaciones o informaciones transmitidas a través de cualquier canal de telecomunicaciones. "La calificación de falta es independiente del modo en que se realice la interceptación, ya sea por escucha irregular de ondas herzianas o por el pinchazo de un cable, aunque el primero de los sistemas parezca menos punible; la mayor o menor dificultad del método de acceso no tiene nada que ver con la gravedad de la acción", dijo.

A preguntas de los informadores sobre el juicio que le merecía el hecho de que un juez hubiera archivado recientemente una denuncia contra la cadena SER por la difusión, el pasado mes de abril, de varias conversaciones telefónicas mantenidas desde su automóvil por el secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas, el ministro dijo que, con esta ley en la mano, y si se hubiera considerado falta muy grave, "se podría haber retirado la licencia a esa ernisora".

En los diálogos emitidos por la SER, Benegas hacía comentarios sobre la situación interna de su partido y sus relaciones con Carlos Solchaga. Hace unos días, un juez de Madrid archivó la querella presentada contra la SER por este motivo, por entender que en la difusión de las conversaciones primaba el derecho a la información sobre el derecho a la privacidad de Benegas.

Previamente, durante la guerra del Golfo, otra emisora, Antena 3, emitió una comunicación entre los mandos de uno de los buques españoles destinados en la zona y el almirante jefe de la Armada, Carlos Vila.

Borrell comentó que "el derecho a la información no tiene nada que ver con la modificación de la LOT". "Nos estamos limitando", dijo el ministro, "a transcribir a la ley las obligaciones y las sanciones previstas en los convenios internacionales firmados por España".

Recuerdo de la 'ley Fraga'

En declaraciones a la cadena Ser, el catedrático Gaspar Ariño, catedrático de Derecho Administrativo, manifestó que la modificación de la LOT respecto a las citadas sanciones "atenta contra el derecho de información, que debe primar sobre el de la intimidad". Para Ariño, la medida del Gobielno "tiene un tufillo" de determinación desde el poder de "lo que se debe y no se debe decir" y recuerda a la ley Fraga. El Ejecutivo pretende, según Ariño, "enmendarle la plana a la judicatura, cosa que hace una vez sí y otra también".