Todos queremos más

El Gobierno central convocará en los próximos días a las 15 comunidades de régimen común para tratar de avanzar hacia un acuerdo global. Sin embargo, el pacto para cerrar un nuevo modelo de financiación que satisfaga a todos se presenta difícil.Comunidades como Madrid 0 Cataluña creen que el actual modelo fracasa por su falta de autonomía financiera respecto al Gobierno central. Cataluña y Madrid, comunidades con mucha población y altos niveles de renta, piden una participación en alguno de los grandes impuestos estatales.

Cataluña va a estas negociaciones con la exigencia de que la suma de sus ingresos medidos en pesetas per cápita [tributos propios, cedidos y subvenciones del Gobierno central] se vaya igualando a los de las otras comunidades de su mismo techo competencia] y al de las autonomías forales (País Vasco y Navarra). Convergéncia 1 Unió (CIU), la coalición gobernante en Cataluña, ha asumido la vieja idea de los socialistas catalanes de gestionar el IRPF.

Por el contrario, comunidades con menor nivel de renta como Extremadura o Andalucía plantean que el nuevo pacto de financiación con el Gobierno sirva fundamentalmente para reducir las diferencias con las comunidades de mayor renta. Las dos piden que se refuerce la solidaridad territorial mediante un aumento de las dotaciones del Fondo de Compensación Interterritorial (FC1).De esta forma, el modelo de financiación actual basado en la cesión a las autonomías de cinco tributos -transmisiones patrimoniales, actos jurídicos, juego, patrimonio y sucesiones-, la autorización para crear impuestos, las transferencias del Estado y el uso del Fondo de Compensación Interterritorial como instrumento de solidaridad regionalno satisface plenamente a nadie.

Probable prórroga

El Gobierno ha expuesto ya aunque, para todos, demasiado escuetamente, su posicion por medio del ministro de Economía Carlos So lchaga, y su secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza. Hacienda no cree necesario ir a un cambio radical de modelo, sino a mejorar el actual, y considera que hay tiempo para llegar a un acuerdo con todas las comunidades antes de fin de año. Si el pacto se retrasa, Solchaga sería partidario de una prórroga del actual modelo. No hay plazo para esta prórroga, pero se piensa en un año.

Ante las peticiones de corresponsabilización riscal de algunas comunidades que, como Catalufia, piden recaudar el IRPF, Hacienda recuerda que éstas están capacitadas para aplicar recargos sobre los impuestos estatales. Sin embargo, nadie quiereser el primero en aplicarlos, y algunos recuerdan el recargo del 3% sobre el IRPF propuesto hace cuatro años por la Comunidad de Madríd, cuyo presidente, Joaquín Leguina, hubo de dar marcha atrás a esta pretensión ante la postura en contra del p ropio presidente del Gobierno, Felipe González, aunque después el Tribunal Constitucional le ha dado la razón al presidente madrileño.

El presidente de la Generalltat, Jordi Pujol, se siente discriminado respecto a las diputaciones forales vascas y navarra y al resto de comunidades con el mismo techo de competencias. Según el consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Maciá Alavedra, Cataluña ingresa 74.410 pesetas por habitante, frente a un promedio de 79.179 de las otras cuatro autononomías con su mismo techo competencial y de 140.879 pesetas de las diputaciones forales vascas.El planteamiento de la Comunidad de Madrid es distinto al catalán, pero coincide en el deseo de ganar autonomía de gasto reduciendo las subvenciones y aumentando los ingresos tributarios. El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, descarta, de momento, gestionar grandes tributos, y propone que el nuevo sistema otorge a las comunidades

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Espinar recuerda que Madrid sólo tiene cedidos los impuestos de sucesiones y transm Í si ones patrimoniales, y reclama los de actos jurídicos documentados, patrimonio e impuesto sobre el juego, a diferencia de otros territorios que están recaudando los cinco impuestos.

Autonomía fiscal

Para el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Central de Barcelona, Antoni Castells, "el sistema actual de financiación carece de autonomía fiscal". Castells -miembro de la ejecutiva del PSC-PSOE y uno de los más reconocidos expertos en está materia, cuyos estudios han constituido un punto de referencia obligado tanto para la Administración central como para muchas autonomías- cree que "el peso de los ingresos tributarios es insignificante en relación con el presupuesto de las comunidades, ya que el 85% son subvenciones".

Este profesor propone reformar el modelo sobre la base de la cesión de un 201/'. de la cuota 11'quida del IRPF a las comunidades autónomas, y plantea "fÍjar unos plazos para que todas las comun idades puedan incorporarse, siempre que esta cesión garantice el principio de igualdad en la financiación per cápita ".

En este sentido, cree también que el sistema debe ser modificado, porque lleva a una desigualdad de ingresos por habitante entre las propias comunidades regidas por el artículo 151 [Andalucía, Galicia, Canarias, Cataluña, Valencia, que tienen el techo competencial más alto] y especialmente con las forales.

Para Castells, "no puede continuar la descoordinación entre el endeudamiento de las comunidades autónomas y los objetivos generales de política económica. Las comunidades autónomas tienen derecho a endeudarse en los límites que marca la ley [25% de carga financlera anual sobre ingresos de cada ejercicl o], pero hay que compatibilizar este derecho con la obligación del Estado de poder cumplir sus objetivos de política macroeconómica".

Para Extremadura, la financiación que salga de estas negociaciones debe ser un instrumento de solidaridad que ayude a ,esta región a reducir diferencias de nivel de vida e infraestructuras. "Pedimos una nivelación de los servicios prestados en cada

comunidad", dice Rarrión Ropero, consejero de Economía y Hacienda. Ropero es muy claro cuando explica por qué su comunidad no reclama mayor corresponsabilidad fiscal: "La cuota líquida del IRPF en Extremadura es de 30.000 millones de pesetas, una cantidad muy pequeña si la comparamos con otras comunidades.

En Andalucía, el consejero de Economía y Hacienda, Jaime Montaner, defiende un nivel homogéneo de prestación de servicios públicos en todo el territorio español". En línea con los planteamientos extremeños, Montaner quiere tener garantizados mecanismos de compensación para las comunidades menos desarrolladas, y propone que los Presupuestos del Estado contengan partidas que aseguren esta prestación de servicios.

En, una posición intermedia entre la corresponsabilidad fiscal que reclama Cataluña y el aumento de las subvenciones que plantean Extremadura y Andalucía, se sitúa Galicia, una de las autortomias espanolas de techo de competencias más alto.

El consejero de Economía y Hacienda de la Xurita, José Antonio Orza, cree que hay que ser cautelosos a la hora de lanzarse a la gestión del IRPF, porque este impuesto está en proceso de cambio con la reforma que entra en vigor en 1992. Un portavoz de Orza7afirma que no existe un rechazo a gestionar el IRPF, pero "éste no parece el momento más adecuado". Las principales propuestas de Orza pasan por la cesión de la gestión del IVA en fase minorista y establecer recargos sobre los tributos cedidos.