La democracia, para mañana
En 1993, dentro de sólo 15 meses, el 65% de la legislación que se aplicará en España tendrá procedencia comunitaria. Es decir, no habrá sido originada ni en el Consejo de Ministros español ni en.el Congreso de los Diputados, sino en decisiones previamente aprobadas por 12 personas, una sola de las cuales será española. En algunos casos, además, esas decisiones habrán sido adoptadas por mayoría simple y, quizá, con el voto en contra del representante de España. No por ello dejarán de ser de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos.No se trata, obviamente, de un "problema español", puesto que las circunstancias son iguales para los otros países miembros de la CE. En todos los casos se plantea, sin embargo, la misma interrogante: ¿las decisiones que se adoptan en el Consejo Europeo (reunión de jefes de Gobierno) o en los consejos de ministros tienen suficiente control democrático? ¿Cómo, puesto que legalmente no son responsables ante nadie? Muchas voces estiman que no, que existe lo que ya se conoce como "déficit democrático europeo" y que las dudas serán todavía mayores tras la firma del tratado hacia la unión.
El propio tratado (como todos los que afectan a materias internacionales) será, sin duda, sometido a la ratificación de los Parlamentos nacionales, pero éstos sólo podrán expresar su opinión de forma global, sin modificarlo ni enmendarlo. Su rechazo supondría además la caída del Gobierno correspondiente.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, admitió en público el pasado miércoles que "o somos capaces de ir hacia un Parlamento Europeo (PE) diferente del actual o habrá que buscar algún sistema para que los Parlamentos nacionales se enteren de algo, porque la verdad es que ahora no se enteran de nada". Y el Italiano Giulio Andreotti, amigo de las paradojas, dijo recientemente que si se aplicaran a la CE los mismos criterios de democracia que se exigen para entrar, ella misma no podría ser miembro.
Los Gobiernos de la mayoría de los países estiman que la legitimidad democrática está asegurada desde el momento en que los presidentes de los Ejecutivos han sido elegidos, se someten periódicamente a las urnas y pueden ser censurados por sus respectivos Parlamentos.
Aun así, algunos Ejecutivos, como el alemán, consideran que no se puede continuar en la vía de la unión sin ampliar y reforzar las competencias del Parlamento Europeo. En la actualidad, sus poderes reales son casi inexistentes: puede rechazar el nombramiento de presidente de la Comisión y bloquear -también de forma global, sin introducir modificaciones- el presupuesto comunitario. El nuevo tratado Fijará probablemente alguna nueva capacidad, pero en cualquier caso nada que permita considerar que el "déficit democrático" ha desaparecido. Michel Tropper, profesor de Derecho Constitucional francés, considera, bien al contrario, que el tratado que salga de Maastricht no le dará más poderes, en la mejor de las hipótesis, que los que otorgó la monarquía borbónica a la Asamblea Nacional francesa en 1814.
Los partidarios de conceder un mayor papel al PE recuerdan que sus diputados han sido elegidos también por sufragio universal y consideran frívolos a quienes pretenden sacudirse el problema alegando que el Parlamento Europeo no ha demostrado seriedad: "Basta con ver cuántos parlamentarios nacionales acuden a sus plenos para asegurar que los eurodiputados son bastante más serios".
