Delegados del Defensor del Pueblo visitan a temporeros gitanos en La Rioja

Dos delegados especiales enviados por el defensor del pueblo, Alvaro Gil-Robles, han visitado en los últimos días los asentamientos de los temporeros gitanos que trabajan en la recolección de la patata en las localidades riojanas de Santo Domingo de la Calzada y Bañares, denunciados recientemente por Comisiones Obreras por sus malas condiciones de vida.

En el campamento de Bañares, localidad de unos 450 habitantes, viven casi mil personas sin luz y con agua sólo durante cuatro horas cada mañana.Comisiones Obreras calificó ayer en un comunicado de "irresponsable" la actitud del Ayuntamiento de Bañares, que ha instalado vallas metálicas para impedir el acceso de los gitanos al pueblo. Más de un centenar de niños han tenido problemas de escolarización.

El sindicato ha solicitado la intervención de la Administración y de todos los partidos políticos en la búsqueda de soluciones al problema.

Los vecinos de la localidad de Bañares decidieron en referéndum no permitir este año el campamento gitano instalado en otras temporadas de recolección, y ofrecer sus casas y almacenes a los temporeros.

En el campamento de Santo Domingo de la Calzada, localidad de unos 4.000 habitantes, se han instalado cerca de 500 temporeros, que sí disfrutan en su asentamiento de agua, servicios higiénicos y luz.

Los dos delegados del Defensor del Pueblo se han entrevistado estos días con representantes de ambas corporaciones municipales y de la Cruz Roja en La Rioja, además de con el delegado del Gobierno en esa comunidad, Miguel Godia, y han visitado los dos campamentos de los temporeros.

En otras campañas, el Defensor del Pueblo ha seguido con atención todo lo relacionado con las condiciones de vida de los temporeros en La Rioja.

Un paso atrás

El problema suscitado este año supone un paso atrás de casi cinco años, según señalan algunas fuentes, que añaden que el Ayuntamiento de Bañares decidió unilateralmente no autorizar la acampada en su término municipal, sin dar tiempo para adoptar otras medidas alternativas.

Hace un año, la oficina del Defensor del Pueblo archivó las denuncias efectuadas con anterioridad, señalando que las condiciones de vida de estos temporeros gitanos eran "dignas", con la seguridad de que seguirían mejorando. Ahora la misma oficina ha decidido abrir el proceso con la denuncia de un presunto caso de racismo.