¿Paz en El Salvador?

EL DOCUMENTO firmado el miércoles pasado ante el secretario general de la ONU por el ministro de la Presidencia salvadoreña y los cinco comandantes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) augura el final de 11 años de guerra civil. Han sido necesarios más de dos años de esfuerzos auspiciados por las Naciones Unidas para conseguir el consenso. No es. definitivo, puesto que aún no ha sido fijado el plazo del alto el fuego, pero puede que lo sea el próximo 15 de octubre, cuando las dos partes se reúnan nuevamente con el secretario general para pergeñar el acuerdo de paz definitivo.El paso previo había sido dado en abril del presente año: Gobierno y FMLN habían firmado en México .unos "acuerdos para alcanzar acuerdos" que permitieran profundizar en el proceso de paz. Eran compromisos impensables meses antes (tales como la reforma de la Constitución, la creación de una comisión investigadora de las violaciones de derechos humanos o el compromiso de abordar la reforma agraria) y esperar que fueran cumplidos escrupulosamente era demasiado pedir. Como en otras ocasiones, el proceso quedó interrumpido por el rebrote bélico.

Fue necesario que EE UU amenazara al Gobierno del presidente Cristiani con la suspensión de la ayuda norteamericana para que se reanudaran las conversaciones. Una semana de discusiones en Nueva York parece haber conseguido reconducir el problema y poner a El Salvador nuevamente en el umbral de la paz. El tema más espinoso de las negociaciones era qué hacer con los combatientes. Por una parte, los guerrilleros pretendían ser integrados en el Ejército. Ante la rotunda negativa de éste, se ha llegado a un compromiso que no deja de ser peligroso si se considera el pasado de enfrentamientos entre unos y otros: los integrantes del FMLN constituirán una nueva fuerza de policía independiente del poder militar.

Pero el problema no está tanto ahí como en el futuro mismo del Ejército. Aun cuando la guerrilla no ha sido la encarnación de la inocencia, es lícito afirmar que cada vez que se busca un responsable de los horrores de la pasada década el dedo apunta firmemente a las Fuerza! Armadas. Son éstas las que deben ser disciplinadas si se quiere la paz; de ahí que sea bueno el compromiso de constituir una comisión ajena al mundo político que estudie la reforma del Ejército y la manera de sujetarlo a la autoridad civil.

Una prueba de la sinceridad del Ejecutivo a la hora de encararse con un futuro democrático es la que debe suministrar en el juicio que empezó ayer en San Salvador. Se sientan en el banquillo unos militares más que presuntos autores del asesinato, en noviembre de 1989, de Ignacio Ellacuría y de sus compañeros en la Universidad Centroamericana. Un hecho escandaloso -no más -que los de miles de otras víctimas del terror del Ejército-, pero sobre todo emblemático de lo que ha sido la violación constante de los derechos humanos y la impunidad de los culpables. Sólo si se hace justicia tendrán credibilidad las intenciones de quienes, de parte del Gobierno, aseguran querer terminar con el horror de la guerra civil.