El delegado del Plan de Drogas acusa a la Iglesia de insolidaria

El delegado del Gobierno en el Plan Nacional de Drogas, Miguel Solans, hizo ayer un duro alegato contra la actitud "insolidarla" que, en su opinión, mantiene la Iglesia española frente al problema de la drogadicción. Solans, quien incluyó en su acusación de insolidaridad con los drogadictos a los partidos, los sindicatos y los empresarios, afirmó que la Conferencia Episcopal ha hecho oídos sordos a su petición de colaboración en el diseño de medidas que colaboren a paliar las consecuencias de las toxicomanías en España.Solans aseguró que la Conferencia Episcopal fue la primera institución a la que se dirigió en busca de ayuda cuando fue designado en 1985. Y ello por varios motivos: "La Iglesia española dispone de miles de centros escolares, cientos de locales y más número de afiliados que cualquier partido político y, por tanto, un impresionante potencial de colaboración en el tratamiento y prevención de las toxicomanías".Críticas del Papa

Todas estas posibilidades han queclado, según Solans, absolutamente frustradas: "Los colegios religiosos siguen sin dar información a sus maestros sobre los inétodos de prevención; los locales siguen cerrados, y la Conferencla Episcopal, como tal, no ha promovido ninguna iniciativa en ese terreno".

Las declaraciones de Solans en el seminario sobre Seguridad Cludadana que se celebra en Sevilla organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se producen al día siguiente de que el Papa denunciase la "neopaganizaclón" de la sociedad española y "la búsqueda de refugio" de los ciudadanos en la drogadicción y el alcoholismo".

Solans incluyó también entre la lista de insolidarlos con el problema de las toxicomanías a los partidos, los sindicatos y las organizaciones patronales. "Los partidos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, o sea, sólo en el apartado de promesas electorales; los sindicatos no imponen en los convenios la contratación de ex toxicómanos en rehabilitación, y los empresarios no hacen estudios sobre cómo evitar la drogadicción en el trabajo ni ofrecen ningún puesto a los afectados", dijo.El delegado del Gobierno, quien rechazó rotundamente la despenalización del consumo como forma de evitar las consecuencias del narcotráfico, se mostró de acuerdo con la sanción administrativa para el consumo público de drogas y la posibilidad de realizar registros domiciliarios sin autorización en caso de sospecha de narcotráfico, aspectos ambos previstos en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana.

El delegado del Gobierno añadió: "La sanción del consumo público, aparte de evitar a los ciudadanos presenciar el acto de la drogadicción, nos puede poner en contacto con el toxicómano para poder ayudarle y derivarle a centros de tratamiento a cambio de eximirle del pago de la sanción".