Madrid 'exporta' 3.000 presos a otras comunidades autónomas

Unos 3.000 presos madrileños se encuentran encarcelados en otras comunidades debido a la sobreocupación que soportan las prisiones de la región, según denuncia Carlos García Villarroel, miembro del departamento federal del sindicato UGT de prisiones. La falta de cárceles y la masificación de cinco de las siete que existen en la comunidad está obligando a muchos presos madrileños a purgar sus penas en otras prisiones. El caso de Carabanchel es el más dramático: hoy alberga un millar de reclusos más de los que caben en sus instalaciones.

El alejamiento de los presos de su lugar de residencia quebranta las directrices en que se inspira la Ley General Penitenciaria, que establece que los internos deben ser recluidos cerca del lugar en que habiten sus familiares. La mayoría de los reclusos madrileños exportados son preventivos (están a la espera del juicio y sobre ellos no ha recaído una sentencia judicial firme).

La Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias tiene previsto construir tres nuevas cárceles en Madrid para desahogar las que ya existen: en Navalcarnero, Valdemoro y Soto del Real. Según las previsiones más optimistas, las dos primeras -en total, ambas alojarán unos 2.000 reclusos- deben entrar en funcionamiento en 1992; el futuro de la tercera, ideada para mujeres, es más incierto. Aunque el suelo de la de Soto del Real (localidad de 2.045 habitantes situada a 41 kilómetros de Madrid) ya ha sido reservado, el anuncio de su construcción desató una fuerte contestación vecinal, que aún se mantiene.

Para evitar que los presos madrileños tengan que emigrar a otras comunidades, UGT de prisiones sugiere construir una cuarta cárcel destinada exclusivamente a presos penados (sobre los que ha recaído una sentencia condenatoria).

La única prisión de penados existente hoy en Madrid es la de Alcalá II, dotada con 340 plazas y dedicada a internos jóvenes. También, aunque de forma ocasional, la de Carabanchel -por cuyo complejo penitenciario pasan anualmente unos 6.000 presos, según García Villarroel- aloja a penados.

Masificación

Según un informe elaborado por UGT de prisiones, el complejo penitenciario de Carabanchel, también llamado Madrid I -que incluye cuatro módulos para mujeres-, soporta igualmente una "saturación irracional". Acoge a 1.070 internos más de los que permiten sus instalaciones -unos 2.000-, según UGT de prisiones. Estos datos son similares a los de Instituciones Penitenciarias.

También están saturados los módulos de mujeres que hay en Carabanchel, que albergan hoy en torno a las 500 internas, pese a disponer de 325 plazas. Ello ha obligado a alojar dos internas en casi todas las celdas, muchas de las cuales apenas disponen de una extensión de ocho metros cuadrados.

El resto de las cárceles -Alcalá Meco, Alcalá II, Hospital General Penitenciario...- están al límite de su ocupación o la superan, revela el citado informe.

A pesar de los problemas que tienen planteadas la mayoría de las cárceles madrileñas, el sindicato UGT de prisiones considera "ínfundado y no contrastado" el informe de la denominada Comisión de Helsinki que compara las cárceles españolas con las "turcas" y tacha de "maloliente" la comida que se sirve en ellas. Los miembros de esta comisión visitaron varias cárceles, entre ellas la de Carabanchel, antes de emitir el crítico informe

"Ya quisieran otros servicios públicos ofrecer la comida que se da en las cárceles españolas y estar tan limpios como éstas", subraya García Villarroel. "No sólo hay limpieza, sino que además existe un sobreexceso alimenticio", recalca.

El sindicato UGT denuncia, por otro lado, que un 60% de los presos españoles, entre ellos los de Carabanchel, sale de la prisión sin conocer si padece enfermedades como el sida o la hepatitis, debido a que los organismos sanitarios que realizan los análisis suelen comunicar los diagnósticos con demoras de hasta seis meses.

La exigua plantilla de funcionarios, la mayoría "frustrados y desmotivados" por falta de aliciente profesional, es otro de los problemas que descubre UGT en su informe. Tal frustración se debe a que la labor de los funcionarios se ciñe a vigilar a los internos, pese a que al menos un 70% de ellos tiene estudios superiores.