Sancionemos también a la Administración

Diversos organismos -ayuntamientos, Hacienda, Tráfico, etcétera- gozan de poder sancionador, y así, cuando los ciudadanos infringimos determinadas normas, las instituciones precitadas nos imponen la multa correspondiente.Sobre la base del sentido común, debía establecerse entre los ciudadanos y sus instituciones una especie de teoría de la reciprocidad. La Administración, en general, tendría a disposición del público, o enviándonosla a nuestro domicilio, tal como se efectúa con la propaganda electoral, una guía de atención al ciudadano. En esta guía se reflejarían detalladamente estos datos horarios de atención al público y tiempos estipulados para resolver cierto tipo de trámites (censo, temas urbanístícos, requisitos necesarios para obtener subvenciones, etcétera). De esta manera, cuando nos dirigiésemos a la Administración, si ésta no actuaba de acuerdo a las normas Fijadas en su guía (personas ausentes de sus departamentos en horario de oficina, resoluciones que se retrasan días y días, documentos que no aparecen, etcétera), entiendo que tendríamos todo el derecho del mundo para exigir que el organismo adecuado -¿una rama quizá del teórico independiente Poder Judicial?- le impusiese la sanción prevista para cada caso. Si por sobrepasar el tiempo en un aparcamiento -limitado a veces a 10 minutos- nos secuestran el automóvil y se nos originan unos gastos de 15.000 o 20.000 pesetas (grúa más multa), en justa. correspondencia, ¿cuánto le correspondería pagar a la Administración por los reiterados viajes -con frecuencia desde lugares muy lejanos- que nos obliga a efectuar por no actuar su personal con la diligencia debida?

No cabe duda de que, según la teoría de la reciprocidad, a la Administración también deberíamos poder sancionarla.-