Empresa pública e internacionalización

La política industrial -y el papel de la empresa pública dentro de ella- debe responder, a juicio del autor, al objetivo de globalización del mercado, con la máxima beligerancia, pero respetando escrupulosamente las reglas que la Comunidad Europea está acabando de implantar para el mercado único.

En la última lista publicada por Fortune, la única empresa española que ocupa el primer lugar mundial en su correspondiente industria es el INI, líder mundial ¡en la industria de la minería!, a la que la revista norteamericana le imputa los casi dos billones de pesetas de facturación global del grupo Pero incluso subsanando ese error, las dos únicas empresas españoles entre las 100 mayores firmas industriales del mundo son los dos grandes holdings públicos: el propio grupo INI, que ocupa el lugar número 62, y el grupo Repsol, que ocupa el 72.Aunque sólo fuera por eso, habría que prestar una atención particular a la empresa pública al analizar la realidad y la política industrial españolas, ya que una de las peculiaridades de nuestra industria es precisamente la escasez de empresas de gran tamaño, que ejerzan una posición relevante en su correspondiente mercado a escala mundial, y la práctica inexistencia de multinacionales. El aislarniento secular de nuestra economía ha conducido a una situación relativamente anómala, ya que ese escaso grado de internacionalización no se corresponde con el peso efectivo de nuestra industria en la economía mundial, y ello constituye sin duda alguna una faceta vulnerable en el contexto actual de globalización de los mercados, por mucho que los procesos de integración económica y de liberalización del comercio mundial estén disminuyendo la importancia de la multinacionalización de las empresas como simple estrategia para superar las incertidumbres y los obstáculos a los

intercambios impuestos por los nacionalismos económicos, que han sido hasta estos últimos años el principal factor (el factor N) impulsor del fenómeno de implantación de las empresas en espacios transnacionales.

España es un caso paradigmático del impacto desincentivador del nacionalismo económico sobre la internacionalización de las empresas del país que lo practica, ya que toda nuestra industrialización se ha llevado a cabo, hasta las crisis económicas de los setenta, a través de la denominada vía nacionalista del capitalismo español, que suponía una renuncia apriorística a competir en el mercado mundial, como correlato de la reserva del mercado doméstico para las propias empresas. Se trata de una excepción entre los 25 países con mayores PIB per cápita del mundo.

El nacionalismo renunciaba a los beneficios ya derivados de las economías de escala y de especialización, ya que, aunque se pudiera exigir a las multinacionales instalarse en el país para penetrar en nuestro mercado, su política económica obstaculizaba la expansión, haciendo inviable la internacionalización de las empresas domésticas. De este modo se colocaba el techo a la concentración de capital en el tamaño de empresa en que se alcanzaba el monopolio del mercado interior. Ésa es la razón por la que, siendo España un país con escasa concentración de capital industrial, haya sido también una economía con un considerable grado de monopolio, lo que facilitaba tasas de retorno comparativamente elevadas, y no precisamente por la mayor eficiencia. Éstos son los factores que explican el avance de las empresas multinacionales: por eso su penetración actual está introduciendo mayor competencia.

Mientras existieron áreas de actividad en las que se presentaban oportunidades monopolistas no hubo incentivos para la expansión internacional de las empresas españolas. El problema apareció cuando se agotaron tales oportunidades excepcionales y la prosecución del crecimiento exigía proceder a desregular la economía, abriendo progresivamente la economía a los intercambios internacionales liberalizados, para lo cual hubo que lanzarse a la búsqueda de la competitividad.

La reconversión

Las crisis de los setenta dieron la señal para cerrar la etapa nacionalista y para proceder a la integración progresiva de nuestra industria en el mercado europeo. El fenómeno coincidió con la aceleración del proceso de internacionalización de las economías dotados los países avanzados, lo que produjo la aparición de excesos de capacidad económicamente rentable en la práctica totalidad de las industrias maduras, pero especialmente en aquellas que, como consecuencia de imperativos nacionalistas, se encontraban por debajo de su tamaño mínimo eficiente o en los sectores más capaces de generar economías de escala y en aquellas otras que soportaban desventajas competitivas cobijadas bajo fuertes aranceles.

Ia respuesta a ese conjunto de problemas fueron las políticas de reconversión industrial, que supusieron la ruptura con el periodo de planificación económica practicada anteriormente. El signo de la nueva época fue, por un lado, su carácter transitorio, y por otro, la sustitución de los modelos de crecimiento equilibrado en favor de otros en los que el factor discriminante del crecimiento industriales la ventaja competitiva y en los que cualquier idea de equilibrio se tiene que referir al mercado internacional, en el que la planificación no tiene sentido, excepto en áreas de infraestructura, de abastecimiento energético y de servicios públicos, que son las únicas áreas cuyos mercados continúan estructurándose básicamente a escala nacional.

Como consecuencia del papel que se le atribuyó en anteriores etapas de la politica industrial, el INI tenía concentrada buena parte de sus activos en las industrias afectadas por la aparición de fuertes excesos de capacidad, por lo que el papel del holding público y las prioridades de su actuación industrial se vieron violentamente trastocados durante los últimos 15 años; de la mística del crecimiento se pasó por la imperiosa necesidad de reconvertir y disminuir capacidad, bajo la supervisión, en algunos casos, de !as autoridades europeas, que han debido coordinar el proceso para tratar de que el ajuste se llevase a cabo sin practicar políticas de empobrecimiento del vecino.

Pero la reestructuración fue por definición una etapa transitoria para facilitar la adaptación de las industrias nacidas y estructuradas para competir en contextos de economías nacionales al nuevo marco de progresiva globalización. En el futuro, las empresas reconvertidas -públicas o privadas- han de buscar su adaptación competitiva al nuevo contexto, para lo cual el INI, que es nuestro principal grupo industrial, ocupa una posición idónea por su capacidad de interlocución con los grandes grupos europeos y multinacionales. Para hacer esto posible hay que dotarlo de la estructura jurídica y patrimonial adecuada, desvinculándolo de los presupuestos del Estado.

Lo arcaico del nacionalismo económico no es óbice para que se defienda al máximo la presencia de la industria española en la formación de los nuevos grupos multinacionales que el gran mercado interior va a impulsar. Se trata de llevar a cabo, en las condiciones más favorables para nuestra industria, la transición entre una economía dominada por el factor N a otra caracterizada por el factor F europeo, como paso previo a la plena globalización de nuestras actividades industriales. La política industrial -y el papel de la empresa pública dentro de ella- debe responder a ese objetivo de globalización, con la máxima beligerancia, pero respetando escrupulosamente las reglas que la Comunidad Europea está acabando de implantar para el mercado único.

Éste es un condicionante que a veces se olvida cuando se discute sobre política industrial. Es cierto que durante la etapa de transición los Gobiernos mantienen todavía comportamientos nacionalistas residuales, pero la actitud a adoptar respecto a ellos debe basarse en la reciprocidad defensiva y en la defensa de las reglas de juego limpio competitivo, ya que no se puede construir una política industrial a base de generalizar comportamientos irregulares. Ésta debe ser la pauta de conducta española, tanto por convicción como por conveniencia, ya que la escasez relativa de recursos públicos disponibles no bastaría para garantizar ventajas competitivas a nuestra industria, aun en el caso de que ésa fuera la vía más eficiente, que no lo es. El derecho es la mejor defensa de los menos fuertes.