La ley de Seguridad Privada prevé multas de hasta 25 millones

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Seguridad Privada, que en las últimas semanas había sido objeto de sustanciales modificaciones por parte de] Ministerio del Interior, tras reuniones con otros departamentos y el Sindicato Unificado de Policía. La futura ley prevé para las infracciones más graves de las empresas de seguridad multas de hasta 25 millones de pesetas o cancelación de la firma, que, en el caso de los empleados serán de 500.000 o suspensión de licencia.

Los cambios registrados en el borrador han introducido mayores limitaciones a las firmas y profesionales del sector, que verán drásticamente reducido su arsenal, que supondrá la retirada del 90% de las más de 40.000 armas que poseen. El anteproyecto elimina la inicial idea de considerar agentes de la autoridad a los vigilantes privados. Podrán detener sólo ante un inminente o flagrante delito en relación con los bienes que protejan. Los detenidos deberán ponerlos inmediatamente a disposición de agentes, sin poderlos interrogar ni identificar. Asimismo, se les impide hacer controles sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, ni elaborar tampoco bancos de datos con los mismos.

El anteproyecto restringe la actividad de los detectives privados, a quienes prohíbe taxativamente emplear medios materiales o técnicos que atenten contra la intimidad personal o familiar, el derecho al honor o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones. Con ello, se pretenden evitar, entre otros, los abusos cometidos en materia de fotografías y de escuchas ilegales.

También se prevén sanciones para quienes utilicen medios de seguridad peligrosos, como alambradas electrificadas, o inadecuados, como alarmas con sonido de excesiva duración. El Consejo aprobó también dos reales deretos por los que se equiparan. las retribuciones de los funcionarios de Justicia inteirinos con los de carrera y las de jueces y fiscales provisionales con las de los titulares de plazas.