El 'otro proceso' de Burgos

Acaba la cuenta atrás iniciada hace tres años largos. El alcalde de Burgos por el Partido Popular, Jose María Peña, y otros 11 acusados se sentarán mañana en el banquillo para responder a las acusaciones de estafa, prevaricación y falsedad en documento público. Es el caso de la construcción, una presunta corrupción municipal que habría permitido ganar unos 2.000 millones de pesetas a un constructor, Antonio Miguel Méndez Pozo. La acusación sospecha que en el fondo de la telaraña está la financiación del PP -aspecto rotundamente negado por el partido-, y ha pedido la comparecencia de su presidente, José María Aznar.

La Sala de Plenos de la Audiencia Provincial está lista, una vez descartado utilizar el salón -mayor- de una entidad bancaria. Acusados y acusadores ultiman estrategias y hacen del optimismo su emblema. Los abogados -seis de ellos, catedráticos- preparan la toga. Nada que ver con el otro proceso -militar- que, hace poco más de veinte años, se asoció al nombre de la capital castellana.Ahora no son, ni mucho menos, etarras los juzgados penalmente. Se trata de una docena de conocidos miembros de la sociedad burgalesa. Para algunos, entre ellos el siempre absuelto alcalde -no es la primera vez que debe responder ante un tribunal- pero los cargos del fiscal son más graves que en ocasiones anteriores. La carga política, tairibién. Hay quien ve en la causa un intento, por parte del PSOE o de la dividida derecha local, de derribar al alcalde que ocupa el puesto desde 1979 en sucesivas listas de UCD, PDP, Solución Independiente y ahora reelegido en la candidatura del Partido Popular.

Fuertes penas

En su escrito de 231 páginas, el fiscal José Antonio Sánchez se ha descolgado con graves cargos contra nueve de los doce acusados -tres lo son sólo por la acción popular-.Para el alcalde Peña pide siete años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público y delito de estafa. Para el resto, solicita penas que van desde seis meses de prisión menor hasta ocho años de cárcel.La acusación popular pide un total de 240 años para sus doce encausados y la defensa -encabezada por Gonzalo Rodríguez Mourullo, José María Stampa Braun y Luis Rodríguez Ramos-, la libre absolución.

Todo arranca del 5 de febrero de 1988, cuando la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos, dirigida por Jesús de las Heras y Juan Renedo, presenta denuncia -luego secundada por los sindicatos CNT y CC 00 y varias asociaciones de vecinos- contra el alcalde Peña, el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo como gerente de la inmobiliaria Río Vena y otras diez personas. "Aquello era como una carrera de caballos en la que Méndez salía con kilómetro y medio de ventaja gracias a la ayuda que le prestaban desde el Ayuntamiento. Los demás constructores estábamos hartos", explica De las Heras.

Según los acusadores, Méndez conseguía licencias en contra de la normativa vigente, sus solares lograban mejores aprovechamientos en el nuevo plan de ordenación e incluso llegó a invadir terrenos de uso público, amén de cometer infracciones urbanísticas y disponer de información privilegiada. Todo ello, gracias al beneplácito del alcalde y su equipo, miembros en aquel momento del partido Solución Independente. El Colegio de Arquitectos ha evaluado en unos 2.000 millones de pesetas -valor de 1985- los beneficios que Méndez habría conseguido gracias a las irregularidades.

"Voy a demostrar que todo eso no es cierto y que además he perdido mercado durante el mandato de Peña", responde Méndez. Para este aparejador de 46 años, todo es fruto de la envidía. El alcalde Peña rehusó dar su versión de los hechos a EL PAíS. El constructor niega la acusación subyacente en la causa: "No he dado dinero al Partido Popular. Lo único que hice fue alguna gestión para intentar conciliar a la derecha de aquí".

Precisamente estas gestiones darán pie para que el abogado de la acusación, Gonzalo Martínez Fresneda, pida en los próximos días la comparecencia como testigo del presidente del PP, José María Aznar, que se vio con Méndez en varias ocasiones, según declaró el testigo José LuisMontes. Éste era entonces presidente de la Diputación por Alianza Popular, pero se había enfrentado con buena parte de la derecha local al haber pactado su cargo con el PSOE. MartínezFresneda busca conexión económica entre Aznar y Méndez.

Cien testigos

"Si alguien quiere hacer un caso Naseiro, allá él. Lo que va a juzgar el tribunalson presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Burgos y nosotros confiamos en la absolución del alcalde. Aunque llevan tiempo intentándolo, no van a conseguir implicar a Aznar" afirman en la sede central del PP.En los dos meses que previsiblemente durará el juicio -cerca de cien testigos convocadospuede haber sorpresas como la difusión de beneficios obtenidos d.esde el Ayuntamiento por personas próxinias a dirigentes del PSOE. Las, espadas están listas para la lid. Los tres magistrados que sentenciarán saben que les ha tocado la patata caliente de la ciudad.