INI rentable

EL INSTITUTO Nacional de Industria (INI) ha celebrado días pasados su 50º aniversario con la apertura de una polémica fundamental sobre la función de la empresa pública en el marco del inminente mercado único europeo. Al margen de la necesidad de diseñar una política industrial global -como defienden unos- o pensar que la mejor es la que no existe -como se ha defendido desde algunas áreas del Ministerio de Economía-, lo cierto es que España cuenta con un conglomerado de empresas públicas muy distintas que conviven en un Instituto que, hoy por hoy, tiene que definir claramente su objetivo y estrategia si no quiere perder el tren de Europa.El peso del sector público industrial español, tomando indicadores como empleo, volumen de ventas o exportaciones, se encuentra más o menos en la media de la CE. Su función ha ido ,variando: en plena autarquía se le encargó dinamizar la industrialización; se convirtió luego en sanatorio para empresas en crisis (socialización de pérdidas), y últimamente siguió una política de desinversión con arreglo a unos criterios que nunca quedaron claros. Como resultado de ello, hoy existe un INI que reúne sectores tan dispares como el aéreo o el papelero y situaciones tan diversas como la de Hunosa, que sobrevive a costa del presupuesto público, o ENDESA, una compañía rentable y agresiva en su competencia con las privadas.

Poner orden en todo ello es una ardua tarea, pero necesaria. El Instituto, que este año volverá a registrar pérdidas tras algunos años con beneficios, emplea en sus empresas a 145.000 trabajadores, lo que le convierte en la primera corporaclón ndustrial del país.

Así las cosas, ha de ser bien venida, de entrada, la intención, adelantada por su presidente, de replantear la función del INI de acuerdo con la real Idad de un mercado cada vez más internacionalizado. La idea de partir el grupo en dos, reuniendo en una división las empresas rentables y en otra aquellas que dependen de los presupuestos del Estado, no parece descabellada. Si de lo que se trata es de que la industria española sea capaz de estar en ese mercado ampliado, habrá de diseñarse una estrategia que tenga en cuenta precisamente criterios de mercado.

Esos criterios incluyen la captación de nuevos socios. No hay por qué pensar que lberia, por poner un ejemplo, tiene que ser pública al ciento por ciento para poder competir en un mundo en el que dominan las alianzas. La experiencia de Repsol demuestra que privatizaciones parciales no comprometen la buena marcha de las compañías públicas, sino que más bien estimulan la mejora en ciertos aspectos de la gestión.

A este respecto es de lamentar la reacción sindical ante el primer intento serio de reorganizar el sector público. Frases como "ola privatizadora", "reconversión encubierta" o "fiebre rentabilista" suenan más a contestador automático que a análisis serio sobre el futuro del sector público, más allá de la conclusión de que éste debe existir. Tampoco los empresarios muestran mayor rigor cuando su única contestación a la propuesta del nuevo INI es la absurda exigencia de total privatización. Un sector público solvente garantiza la existencia en manos españolas de sectores estratégicos, aunque no sean rentables. Además, el Estado no tiene por qué renunciar a conseguir empresas viables que empujen al resto del tejido industrial.

El éxito de lo que se ha denominado núcleo de oportunidad (dicho de otra manera, el grupo de empresas rentables) pasa también por otro tipo de cambios. La gestión debe hacerse más acorde con el mercado, olvidando que se tiene al Estado por patrón, y los sindicatos han de adoptar estrategias más globales y a medio plazo, olvidando la inmediatez del aumento salaríal, y para ello es conveniente aumentar su grado de participación. El debate no ha hecho más que empezar, pero supone una gran oportunidad no sólo para reorganizar el INI con arreglo a los nuevos criterios, sino para, a partir de ahí, pensar qué hacemos con la industria en general.