Los ecologistas recurren al Constitucional por las trabas a su iniciativa de ley antinuclear

B. DE LA CUADRA / L. PRADOS, Los 300 grupos ecologistas promotores de una iniciativa legislativa popular para que las Cortes supriman la producción y utilización de la energía nuclear en España, han pedido amparo al Tribunal Constitucional ante las dificultades impuestas por la Mesa del Congreso de los Diputados para la recogida de las 500.000 firmas necesarias para tramitar la propuesta. Entre otros obstáculos a su iniciativa, los ecologistas denuncian la denegación de una prórroga de tres meses, cuando ya había 430.000 firmas recogidas. Se trata del primer recurso al Constitucional por este motivo.

El recurso de amparo entró en el alto tribunal el pasado 10 de junio y está pendiente de estudio en la sala primera. La comisión promotora de esta iniciativa acusa a la Mesa del Congreso de vulnerar, entre otros, el derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos.La Coordinadora Estatal Antinuclear formada por 300 grupos ecologistas lanzó en el verano de 1990 una campaña bajo el lema Vivir sin nucleares y decidió utilizar el cauce constitucional de la iniciativa legislativa popular para promover una ley que suprima todas las centrales nucleares de suelo español. En cumplimiento de la ley orgánica 3 / 1984, que regula la iniciativa popular, se dirigió a la Mesa del Congreso de los Diputados, a la que corresponde admitir la propuesta, con lo que se abre un plazo de seis meses prorrogables otros tres para la recogida de las 500.000 firmas y, una vez entregadas éstas, se inicia el trámite parlamentario normal de las propuestas de ley.

"Notables perjuicios"

Los ecologistas se quejan al Tribunal, Constitucional del retraso de la Mesa del Congreso, ante la que se presentó la proposición de ley el 27 de septiembre de 1990 y, teniendo 15 días de plazo legal para resolver sobre su admisión, no comunicó su decisión hasta el 1 de diciembre, fecha en que comenzó el plazo de seis meses para la recogida de las 500.000 firmas. Entre los "notables perjuicios" producidos por la demora, señalan que hizo coincidir la última fase de la recogida de firmas con las elecciones del 26 de mayo de 199 1, lo que originó problemas con las firmas ante las juntas electorales. Carlos Martínez, otro de los promotores y abogado de la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat), apunta otro perjuicio: "La campaña coincidió también con la guerra del Golfo, lo que hizo que buena parte de las 300 organizaciones que la apoyaban, como asociaciones de vecinos, pacifistas, partidos de izquierda y sindicatos, se dedicaran prioritariamente a denunciar la guerra contra Irak".

Ataque a la intimidad

La ley sólo exige para la recogida de firmas el nombre y apellido del elector, el número del Documento Nacional de Identidad y el municipio en el que, está inscrito. Sin embargo, la junta requirió en este caso la fecha de nacimiento y el domicilio, con lo que se amplió el, tiempo de recogida de firmas y se vulneró el derecho fundamental a la intimidad, según los promotores. Otra traba denunciada es que el Ministerio de Justicia exigió, a diferencia de otras ocasiones, que el DNI de los fedatarios especiales de las firmas estuviera compulsado.

Los promotores han denunciado también, por ilegal, que la Junta Electoral Central no permitiera que los pliegos de recogida de firmas estuvieran impresos sólo en lengua vernácula, en aquellas comunidades autónomas que la tienen oficialmente reconocida y que las juntas electorales provinciales no cumplieron la obligación legal de remitir a la Junta Electoral Central los pliegos para su recuento inicial, sino que los devolvieron a los coordinadores de la campaña, lo que encareció y retrasó el cómputo.

Ante estas y otras dificultades para la recogida de firmas, la comisión promotora solicitó la prórroga de tres meses prevista legalmente "cuando concurra causa mayor". Recordó que en una iniciativa anterior de un sindicato médico, la Mesa del Congreso concedió la prórroga, porque los seis meses iniciales coincidieron con las vacaciones de verano. "A esta iniciativa también le han afectado las vacaciones de Navidad y Semana Santa", argumentó.

La comisión promotora pide al Tribunal Constitucional que anule el acuerdo de la Mesa del Congreso y reconozca la prórroga de tres meses para la recogida de firmas, "computando a tal efecto la Junta Electoral Central las firmas que se entreguen en los tres meses siguientes a la finalización del periodo inicialmente concedido", es decir hasta finales del pasado agosto. Diego Luis Herranz, de Aedenat, asegura que una vez presentado el recurso ante el Constitucional, las organizaciones ecologistas continuaron recogiendo firmas y superar las 500.000 exigidas.

Herranz critica la ley que regula la iniciativa popular: "Está hecha con la clara intención de que no resulte un instrumento práctico para los ciudadanos. Ya en sus primeros párrafos advierte contra el riesgo de que se convierta en cauce para manipulaciones demagógicas. Además, el plazo para la recogida de firmas exige un nivel de infraestructura a los promotores que la hace prácticamente inaccesible al común de los ciudadanos".