Gobierno y autonomías endurecerán las medidas contra el fraude en la venta de viviendas protegidas

El plan de vividenda que prepara el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) contemplará el compromiso de las autoridades autonómicas de ejercitar el derecho de tanteo y retracto, es decir la intervención directa, en la compra de viviendas protegidas (VPO). Esta medida tiene como objetivo evitar el fraude en este tipo de transacciones. Además, el plan se estructurará mediante contratos programas de cuatro años de duración que afectarán a zonas de actuación prioritaria y en las que la gestión dependerá de forma exclusiva de las comunidades autónomas.

El Gobierno ha dejado para septiembre el, debate en profundidad sobre el desarrollo de la política de vivienda. Sin embargo, sus líneas maestras ya empiezan a aclararse.

La primera novedad consistirá, según señalan fuentes del MOPT, en introducir de manera efectiva el derecho de tanteo y retracto. Esta práctica consiste en la intervención de la Administración correspondiente (ayuntamiento o comunidad) en la puja por la adquisición de una vívienda que haya gozado de algún tipo de ayuda oficial. Es decir, que si una vivienda protegida sale, por cualquier motivo, al mercado, el ayuntamiento o comunidad puede pujar por ella.

Esta puja obliga a que el comprador ofrezca un precio igual al de la administración correspondiente, que que no puede ser superior a unos limites que vienen marcados por la actualización del módulo de venta (sistema de cálculo para fijar el precio final de las viviendas protegidas) que cada año fija el Gobierno. En caso de que la puja sea ganada por el ayuntamiento o la comunidad, ésta podría disponer de la vivienda en cuestión para incluirla en sus promociones específicas. Se pretende evitar que viviendas protegidas sean vendidas a precios de mercado libre práctica habitual aunque la actual legislación no lo permite.

La esterilidad de esta prohibición fue lo que obligó a que el derecho de tanteo y retracto fuera incluido en la Ley del Suelo, si bien su desarrollo efectivo depende de las comunidades autónomas. Hasta el momento, tan sólo Navarra, Asturias y el País Vasco la han llevado a sus legislaciones.

Durante la última reunión mantenida entre el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, y los responsables del área de vivienda de las diferentes comunidades autónomas alcanzaron un primer compromiso sobre el derecho de tanteo y retracto. Este compromiso debe hacerse efectivo en el próximo encuentro, que tendrá lugar el 6 de septiembre.

Además, la intención de Borrell es que de este encuentro salga perfectamente delimitado el reparto del famoso Plan 460.000. Sobre esta oferta giró la campaña electoral del PSOE en las últimas elecciones municipales y autonómicas. A pesar de ello, su concrección efectiva tan sólo se ha reducido hasta el momento a la reforma del mercado hipotecario. Por lo tanto, aún quedan por resolver asuntos tan relevantes como la definición de los fondos de inversión inmobiliaria o las nuevas cuentas ahorro-vivienda. Ahora bien, la verdadera prueba de fuego del plan es cómo se articulará el mercado del alquiler. La derogación del decreto Boyer o la adaptación de las rentas antiguas al mercado real pueden ser dos rejones de castigo para el equipo de Borrell.

Compromiso cuatrienal

La segunda novedad estructural que introducirá el plan de vivienda es que se repartirá mediante contratos-programa cuatrienales repartidos por zonas geográficas, que no tendrán porqué coincidir con una comunidad autónoma. Fuentes del MOPT señalan, a título de ejemplo, que áreas metropolitanas como la de Barcelona tendrán un plan específico.

La gestión de los contratos-programa correrá a cargo de las comunidades autónomas, sobre todo en lo referente a la compra de suelo. Para llevar a cabo esas compras, las comunidades se servirán de sociedades públicas especializadas, al estilo de las que ya existen con carácter nacional (SEPES y SGV), o las que ya trabajan en autonomías como Cataluña, Navarra o La Rioja. La Administración central intervendrá distribuyendo las ayudas fijadas en el contrato-programa correspondiente y apoyando a las sociedades encargadas de gestionar la compra del suelo a través de SEPES o SGV.

Esta nueva modalidad de gestión a base de contratos-programa se ha comenzado a ensayar en la Comunidad Valenciana. La prueba piloto consiste en la edificación de 2.700 viviendas en las proximidades de los cascos urbanos de Alicante, Castellón y Valencia.