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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

'Comando Donosti'

POR MUCHOS que sean los motivos históricos de desconfianza que algunos sectores de la población vasca puedan esgrimir contra las Fuerzas de Seguridad del Estado, no es justo, cuando de enfrentamientos armados con terroristas se trata, mantener bajo sospecha la actuación policial, atribuyendo a los agentes la carga de la prueba. Toda pérdida de vidas humanas es lamentable, pero carece de fundamento la acusación de Herri Batasuna de que los guardias civiles que intervinieron el sábado en la operación de captura del comando Donosti buscasen deliberadamente el "exterminio físico" de sus componentes.En primer lugar, no es lógico: la posibilidad de obtener de los activistas capturados informaciones que permitan nuevas detenciones o identificaciones hace que para las fuerzas de seguridad sea siempre preferible el apresamiento de los etarras con vida. Pero, además, la evidencia de que dos guardias civiles resultaron gravemente heridos -uno de ellos con riesgo de quedar inmovilizado de cintura para abajo- avala la versión oficial sobre la voluntad de morir matando de los miembros de un comando cuyo historial de crímenes desde 1988 es impresionante y que durante más de cuatro horas se negaron a entregarse. La realidad no suele parecerse, desgraciadamente, a la ficción a que nos han acostumbrado las películas del Oeste: el malo dispara primero, pero falla el tiro.

Es costumbre, por otra parte, que cada vez que se producen detenciones importantes de ETA, con o sin muerte de activistas, surjan voces que las consideren políticamente inoportunas por coincidir con alguna circunstancia especial: un "torpedo contra la negociación"; o bien, "un obstáculo al entendimiento cuando mayores expectativas había". Se trata de apreciaciones no avaladas por la experiencia. Lo que ésta indica -y ello tanto en el plano interior como en el internacional- es, por el contrario, que los jefes terroristas sólo se muestran dispuestos a renunciar a la violencia cuando a su derrota política, habitualmente muy anterior, se une su debilitamiento operativo; es decir, cuando el creciente rechazo de la opinión pública va acompañado de una mayor eficacia policial en la desarticulación de comandos y sus redes de apoyo.

Esa misma experiencia aconseja cautela ante algunos movimientos que parecen estar produciéndose en el conglomerado ETA-HB. No porque no puedan ser importantes, sino porque otras veces se han vivido situaciones similares sin que de ellas se derivase consecuencia práctica alguna: la lógica militar acababa imponiéndose a cualquier otra consideración. La aceptación por parte de HB de la autoridad de las instituciones para resolver el asunto de la autovía sí es importante. Constituye un giro radical en los postulados de HB. Pero probablemente ello ha sido consecuencia, más que de las discutibles concesiones del diputado general de Guipúzcoa -luego asumidas por su partido, el PNV-, de la firmeza de las demás fuerzas democráticas. En todo caso, y como mínimo, ese giro sería fruto de la combinación de ambas actitudes. Pues si son dignas de consideración las razones de Arzalluz sobre la conveniencia de "apoyar los intentos de ETA y HB por salir del atolladero", es evidente que, sin la oposición firme de los demás a ceder al chantaje, HB hubiera logrado su propósito de imponer su veto a las instituciones.

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Por ello, si fuera cierto que en HB -y tal vez en ETA, aunque no es eso lo que indican su reciente escalada y los últimos documentos internos difundidos- existen sectores deseosos de buscar una salida viable, la forma de ayudarlos no será nunca hacer concesiones que acrediten la eficacia de la violencia para obtener objetivos políticos; mucho menos se los ayudará cayendo en la tentación del halago o del olvido interesado de la realidad de los crímenes terroristas: lamentar la muerte de los miembros del comando Donosti no puede ser equivalente a dar por no ocurridos hechos como -entre otros muchos atribuidos a ese comando- el asesinato de la adolescente Coro Villamudria cuando su padre, policía nacional, la llevaba al colegio. O la justificación del mismo como una represalia por adelantado, dada la intención de la niña de estudiar para policía.

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