El Estado financió todo el déficit acumulado hasta agosto con el recurso al Banco de España
El déficit que tiene acumulado el Estado hasta agosto asciende a 1,14 billones de pesetas, es decir, casi agota la nueva previsión de déficit público de todo el ejercicio, que asciende a. 1,27 billones de pesetas o el 2% del Producto Interior Bruto (PIB). Este déficit sería aún mayor si el Estado hubiera reconocido todos los pagos que realiza. Y éste no es el único problema. Además, la financiación del déficit se está realizando por la vía de solicitar dinero al Banco de España, un mecanismo que el Gobierno se comprometió legalmente a no utilizar en los Presupuestos del Estado de 1990.
Estos dos problemas han recibido la crítica del Banco de España en su último informe. La autoridad monetaria destaca "el menor ritmo de reconocimiento de pagos" de los últimos meses.Esto significa que la fuerte expansión del gasto público de este semestre está infravalorada pues hay, unas serie de pagos "pendientes de reconocimiento presupuestario", lo que se refleja "en el incremento de los pagos por intereses realizados por el Banco de España".
La recuperación de ese "ritmo de reconocimiento" durante el segundo semestre será, por sí sóla, un acelerador de un déficit público que debe terminar el ejercicio al nivel que ya ha alcanzado en agosto. Ese déficit, además, no podrá estar financiado, como hasta agosto, por el recurso al Banco de España, con lo que antes de fin de año el Tesoro deberá emitir un billón de pesetas en deuda pública más de lo que vence para pagar la cuenta abierta en el Banco de España.
Punto de inflexión
El recurso del Estado al Banco de España se disparó en el mes de Julio al acentuarse las dificultades para colocar las emisiones de deuda pública. A principios de agosto, el volumen acumulado de esta vía de financiación del déficit llegó a superar los 1,3 billones de pesetas.No obstante, la cesión de letras a tres meses realizada el 8 de agosto redujo esa deuda en unos 200.000 millones. Pero, aún ahora, todo el déficit que ha acumulado el Estado antes de empezar las vacaciones está financiado por el recurso al Banco de España; una vía que el Gobierno se prohibió en la ley de Presupuestos por su impacto inflacionista y porque va en contra de las normas de la Unión Económica y Monetaria (UEM).
El recurso al banco emisor alcanzó una cifra récord durante la primera semana de agosto, al superar los 1,3 billones de pesetas peticiones netas de este ejercicio. A esto se suma la cartera de títulos públicos que mantiene el Banco de España (principalmente letras del Tesoro que intenta colocar en el mercado en cesiones quincenales) y que a principios de mes ascendía a 159.000 millones de pesetas.
Esta segunda vía de colaboración del Banco de España en las cuentas del Estado era de 619.000 millones a finales del semestre y debe reducirse con bastante rapidez pues en octubre desaparecerán las cesiones de letras del Banco de España con la creación de las nuevas letras a tres meses que emitirá directamente el Tesoro.
El récord del recurso al Banco de España responde a la escasa demanda de deuda pública que arrastra el Tesoro desde mayo. La solución pasa, pues, por una recuperación del hasta hace poco considerable éxito de sus emisiones de deuda.
Un primer paso en este sentido se produjo el jueves día 8 cuando el Banco de España consiguió ceder 208.000 millones de pesetas en letras sin modificar los tipos de interés.
Esta tendencia debe mantenerse, pues en los próximos meses vencen unos tres billones de pesetas entre pagarés, letras, bonos y obligaciones, con lo que el Tesoro ha de conseguir compradores para más de cuatro billones de pesetas en estos títulos públicos.
Las manifiestas dificultades a las que se enfrenta el Gobierno para cubrir el desfase entre gastos e ingresos pueden agravarse vía recaudación fiscal.
El informe del Banco de España resalta que "para los próximos meses se espera una mayor desaceleración de la recaudación por los efectos de la nueva tabla de retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)", y también por las devoluciones a las que Hacienda debe hacer frente como consecuencia de la declaración de la renta del año pasado.
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