Defensa cancela la modernizacion de 23 'cazas' Mirage III, en la que ha invertido 6.000 millones

El Ministerio de Defensa ha comunicado a las empresas afectadas su decisión de cancelar el programa de modernización de los 23 cazas Mirage III del Ejército del Aire, aprobado por el Gobierno en diciembre de 1988, por un importe de 23.500 millones de pesetas. Fuentes de Defensa aseguran que la decisión no ha venido motivada por el recorte presupuestarlo sufrido por el departamento, sino por la incapacidad de las dos empresas españolas adjudicatarias, la privada Ceselsa y la pública Construcciones Aeronáuticas (CASA), para desarrollar conjuntamente el programa.

Hasta el 31 de diciembre de 1989, Defensa había invertido 6.156.300.000 pesetas en este programa, según la respuesta remitida al diputado del Grupo Popular Javier Rupérez en febrero del 1990. Fuentes de Defensa consideran que las empresas deberán responder ahora del empleo de este dinero.La cancelación del programa supondrá a medio plazo la baja de los aviones, que llegaron a España en 1970 y debían haber concluido su vida operativa en la primavera de 1987, según el Plan Estratégico Conjunto (PEC) de 1984. El objetivo del programa cancelado era precisamente prolongar en 12 años, hasta después del año 2000, dicha vida operativa. En medios de Defensa no se descarta, no obstante, la realización de algunas mejoras parciales a los aparatos para garantizar su continuidad hasta que España reciba los primeros aviones de combate europeo (EFA). Si estas mejoras no llegaran a realizarse, por los recortes que ha sufrido el presupuesto de Defensa en 1991 y las malas perspectivas para 1992, el Ejército del Aire se quedaría con 23 aviones menos y tendría que plantearse el cierre de la base de Manises (Valencia), donde están ubicados.

Repercusiones industriales

El programa Mirage III tenía grandes repercusiones industriales y estratégicas. Se trataba, según los expertos, del con trato más importante desde el punto de vista tecnológico, aunque no el más caro, de los adjudicados hasta ahora a la industria militar española, que no ha sabido superar este reto. Además, el propósito de Defensa era incorporar a los Mirage III los sistemas de aviónica de los cazas F-18 y, si la operación tenía éxito, se podría repetir la experiencia con otros aparatos, como los F-5.El 23 de diciembre de 1988, el Consejo de Ministros aprobó el contrato de modernización de los 23 cazas Mirage III del Ejército del Aire. Al concurso se: habían presentado dos ofertas, una integrada por CASA y la. empresa francesa fabricante del avión, Marcele-Dassault, y otra formada por Ceselsa y la firma isarelí Israel Aircraft Industries (IAI).

El Ministerio de Defensa consideró que se trataba de una oportunidad única para potenciar la industria nacional de aeronaútica y electrónica, por lo que forzó a las dos empresas españolas a formar un consorcio llamado ATTORN, integrado a partes iguales por CASA y Ceselsa, que tuvieron que prescindir de sus socios extranjeros.

La adjudiación del programa a ATTORN se reveló como una fuente inagotable de problemas. El 18 de julio de 1990, año y medio después de la firma del contrato, el Ministerio de Defensa lanzó un primer ultimátum a las empresas adjudicatarias, que aún no habían comenzado los trabajos, a pesar de que éstos debían estar concluidos en octubre de 1992.

A finales de ese mes, se suspendió la ejecución del programa y se abrieron unas complicadas negociaciones que culminaron el 30 de octubre de 1990. Defensa decidió entonces revisar el contrato de adjudicación, otorgándole la responsabilidad principal a CASA y dejando a Ceselsa de subcontratista.

Esta decisión acalló la polémica pública, pero no resolvió el problema pues, para ponerla en práctica, era preciso que CASA absorviera a ATTORN y se hiciera cargo de los gastos ya realizados por Ceselsa, lo que nunca llegó a producirse. A lo largo de las negociaciones, técnicos de CASA advirtieron repetidamente que, con la documentación aportada por Ceselsa, no podían garantizar la seguridad y aeronavegabilidad de los aparatos.

Durante los últimos ocho meses se han multiplicado los contactos entre las partes afectadas y las advertencias oficiales. El último plazo dado por Defensa a las empresas para resolver sus diferencias expiró el 31 de julio. El 17 de junio, en el Senado, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, ya advirtió: "Probablemente simplificaremos [el programa] para ganar en tiempo de realización de cara a no ponernos en una fecha excesivamente distante".

Altos cargos del departamento adelantaron que se estudiaba eliminar la parte de aviónica, la más importante y costosa. No obstante, en medios del Ejército del Aire, todavía se daba por segura en esos días la continuidad del programa.

Por otra parte, García Vargas dijo ayer en Oviedo tras reunirse con su colega francés, Pierre Joxe: "Yo no pongo objeción alguna a la política económica del Gobierno, pero entiendo que cualquier recorte presupuestario deberá distribuirse de modo equitativo entre los distintos departamentos", informa Javier Cuartas.