Días de ira

"DE NO realizarse un importante esfuerzo de construcción de nuevos centros, la situación de las cárceles en los próximos años puede ser insostenible". Pocas palabras más radicalmente premonitorias que las de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, recogidas en el informe presentado por el titular de Justicia en el Consejo de Ministros del 28 de junio último. El 11 de julio surgía un nuevo motín en la cárcel de Herrera de la Mancha -el segundo en cuatro meses- y ayer se produjo otro en el centro penitenciario Cáceres 2. Es decir, la situación insostenible no era un problema de años, sino de días.Nadie debe rasgarse las vestiduras por las cíclicas y constantes protestas de los reclusos. Si el hacinamiento, la falta de medidas higiénicas y sanitarias suficientes, la aparición del sida, la muy discutible capacidad de reinserción social del sistema, la falta de medios y presupuestos para asimilar los casi 2.000 reclusos que incrementan anualmente la población penal española y tantas otras lacras endémicas del sistema penitenciario español fuesen razones de poca monta para tratar de solucionar los problemas, ahora se puede añadir la campaña de paquetes bomba planificada por un grupo de terroristas. El 28 de junio último -el mismo día que el Consejo de Ministros escuchaba los planes de reforma del sistema penitenciario español-, ETA asesinaba a un funcionario de prisiones, dos reclusos y un familiar. Naturalmente, y con la magnanimidad que caracteriza a quienes tienen autoencomendado salvar a los oprimidos, lamentaron después los hechos, sin que por ello renuncien a proseguir el envío de explosivos por correo.

Es evidente que el actual sistema penitenciario español no funciona. También lo es que la seguridad ciudadana parece haberse corivútido en uno de los leitmotivs favoritos de la mayor parte de las fuerzas políticas parlamentarias. Lo que no encaja es la posibílidad de conjugar ambos conceptos: si el proyecto de ley presentado por el Ministerio del Interior -y duramente criticado desde ámbitos jurídicos progresistas y moderados- se aplica con rigor, todo parece indicar que el número de reclusos puede aumentar por encima de las previsiones gubernamentales, fijadas en 41.000 para los próximos cinco años. Eso supondrá, como mínimo, un hacinamiento mayor del que ya existe, puesto que las mismas fuentes oficiales señalaban que, de llegarse a la cifra mencionada de 41.000 reclusos, el déficit de ocupación al ritmo actual de construcción de nuevas plazas carcelarias llegaría a las 11.000. Todo aumento supone también peores condiciones y, por tanto, mayor índice de riesgo de motines, sin mencionar la actividad terrorista y el consiguiente aumento en la ira de los reclusos.

En resumen, si la sociedad española anhela -como parecen decirnos los partidos políticos y las encuestas- una mayor seguridad en la convivencia, serán necesarias también una mayor seguridad y unas condiciones de vida dignas en los centros penitenciarios. Es decir, más dinero. Lo contrario es tratar de resolver un problema -la tranquilidad en la callesin preocuparse del cómo. Un sinsentido.