El PP sólo negociara el pacto autonómico si González lo discute personalmente con Aznar

El Partido Popular (PP) sólo está dispuesto a participar en las discusiones de¡ pacto autonómico si la negociación la mantiene el presidente del partido, José María Aznar, con el presidente del Gobierno, Felipe González. Aznar, como antes lo hiciera el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, es el segundo líder político que plantea la necesidad de que las conversaciones sobre el futuro pacto autonómico se realicen al más alto nivel. En medios gubernamentales se resalta que la decisión política de aplicar un ritmo de negociación diferenciado para las comunidades autónomas históricas -Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía- es firme, y se insiste en que el Ejecutivo de Felipe González mantiene su compromiso de incorporar a los Presupuestos Generales de este año el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.

El Gobierno paralizará el proceso de desarrollo autonómico de las comunidades nacidas al amparo del artículo 143 de la Constitución -la vía lenta- si el PP se opone a su proyecto de pacto autonómico e insiste en alcanzar cotas mayores de autogobierno por la vía exclusiva de reformar los estatutos.La actitud que tenga el PP será determinante en la marcha del proceso, según reconocen dirigentes socialistas. En el ámbito gubernamental se alberga el temor de que los populares decidan no hacer concesiones al Gobierno ni dar pie a imágenes pactistas, y establezcan desde el primer momento una línea de oposición férrea. Pese a ello, el Gobierno quiere esbozar marco de trabajo que pueda considerarse definitivo, de manera que el proceso conduzca al cierre de la articulación del Estado autonómico.

El Ejecutivo, que debatirá previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros el documento ya elaborado por el Ministerio para las Administraciones Públicas en torno a la articulación el pacto autonómico, desea dejar claro que el marco de negociación no puede basarse en ningún caso en las reivindicaciones formuladas desde las diferentes autonomías. Por este motivo, las reformas estatutarias que han sido planteadas a través de los órganos legislativos de las comunidades autónomas correspondientes están condenadas "a ir directamente a la papelera", según medios del Gobierno.

Las conversaciones con los nacionalistas catalanes de Convergència se encuentran bien encaminadas después de que el hecho diferencial catalán fuera reconocido por el presidente del Gobierno durante la entrevista que mantuvo con Jordi Pujol el pasado 6 de mayo. Ayer mismo, Miquel Roca, secretario general de Convergència, dijo que su coalición quiere explotar a fondo el compromiso de González "para que [el hecho diferencial catalán] no quede en un reconocimiento simplemente semántico".

La financiación autonómica

Si bien hasta septiembre no comenzarán las negociaciones oficiales con los partidos políticos, el titular de Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, mantiene conversaciones institucionales con responsables de comunidades autónomas, a los que ha trasladado la férrea oposición del Gobierno a la reforma de los estatutos de autonomía. En esos contactos, Eguiagaray ha reafirmado la voluntad del Gobierno de que el nuevo sistema de financiación autonómica se apruebe antes de fin de año.

El sistema de financiación es la piedra angular de la negociación autonómica, ya que en estos momentos las reivindicaciones económicas se extienden incluso a autonomías gobernadas por el PSOE. [El presidente de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, declaró ayer en Badajoz que nunca, admitirá el nuevo sistema de financiación de las comunidades, informa Europa Press].

Gobierno y autonomías están de acuerdo en que, para que sea viable, el nuevo sistema debe corregir en primer lugar las desigualdades frente al modelo de concierto económico del País Vasco y Navarra. A partir de aquí, la discusión es mucho más compleja y todas las autonomías tratan de arrimar el ascua a su sardina y miden de diferente manera la aportación de las regiones ricas a las regiones pobres. Parece seguro que entre las propuestas concretas del Gobiemo estará la cesión a las comunidades de un porcentaje del impuesto sobre la renta, la reforma del sistema de subvención por habitante para equíparar las comunidades con un nivel similar de autonomía, y la posibilidad de crear un ente tributario en el que participen todas las comunidades.

Colaboradores de Eguiagaray consideran estéril entretenerse en árduas discusiones respecto a si las comunidades que se constituyeron por el artículo 143 pueden alcanzar mayores cotas de autonomía a partir de la reforma de sus estatutos o por la otra vía que figura en la Constitución, la delegación de competencias del Gobierno central, lo que debe hacerse por ley orgánica refrendada por las Cortes Generales.

Lo cierto es que desde el Gobierno central se da por sentado que la reforma generalizada de los estatutos no es posible por la diferencia de cada uno de ellos, y por la convicción de que lo importante es saber si las comunidades afectadas tienen capacidad o no de gestionar las competencias sin límite que demandan en el plano teórico.