Las empresas españolas ante el mercado único europeo

Para que los productos y servicios españoles sean competitivos en Europa, a partir del 1 de enero de 1993, fecha en la que se creará el gran mercado único, es preciso que nuestra productividad se eleve hasta la media europea, dando por descontado que los costes de producción seguirán en aumento también.Esto es lo que ahora no sucede: el ritmo de incremento de los costes de las empresas (laborales, financieros, energéticos, fiscales, etcétera) es superior al ritmo de incremento de nuestra productividad. En estas circunstancias, lo previsible es que en los próximos años produzcamos un poco más, pero a precios sensiblemente superiores a los actuales, con lo cual estaremos en inferioridad de condiciones para competir en el mercado único.

La búsqueda de una mayor competitividad para nuestros productos es por ello un objetivo irrenunciable y debe hacerse en todos los frentes de la economía: actuando sobre todo aquello que contribuya a moderar los costes, actuando sobre todo lo que redunde en mejorar la producción y haciendo que el entorno de las empresas, infraestructuras y servicios públicos también colabore al objetivo final. Para toda esta labor es necesario un conjunto de medidas que operen en diversas direcciones: reformas legislativas (sobre todo laborales y fiscales), política de rentas, disciplina del gasto público, inversiones en infraestructura, en investigación, en formación profesional, etcétera.

No cabe ninguna duda que el objetivo final, que es ganar competitividad, se conseguiría mejor con consenso social que sin él. Si es posible que tanto los salarios como los gastos públicos contribuyan a un menor crecimiento de los precios, ganaremos competitividad y quedarán libres más recursos para inversiones y creación de empleo.

Buscar el consenso

Si es posible pactar la reforma de la legislación laboral obsoleta, la nueva legislación sería sin duda más eficaz desde el principio. Sin embargo, el imperativo de la competitividad seguirá estando ahí, haya o no haya consenso social al respecto. La adhesión a la Comunidad Europea se hace sobre la base de mercado libre y de la economía de mercado, no lo olvidemos, y ahora los españoles nos piden que seamos coherentes con nuestras decisiones. Una de estas obligaciones es ser tan capaces de competir como nuestros socios.

Por todo lo anterior, haya o no haya pacto de competitividad, es preciso que cada uno asuma su propia responsabilidad y actúe en la dirección más adecuada para salvaguardar los intereses de nuestra economía. La falta de acuerdo social no debe ser obstáculo ahora, como no lo ha sido en otras ocasiones, para que quienes nos gobiernan adopten las decisiones que crean más convenientes para que España sea competitiva el 1 de enero de 1993. Sea el acuerdo social y político si esto es posible. Búsquese el consenso en todas las direcciones para reforzar la operatividad de las medidas que se adopten. Para esto, la CEOE ofrece siempre su disposición a negociar y su más leal colaboración. Pero si estos pasos no llevan a un acuerdo, entonces hágase lo que se deba, en sintonía con lo que están haciendo las demás naciones y en coherencia con los compromisos internacionales que hemos adquirido.

Política de solidaridad

Lo que no será de recibo es arbitrar sistemas que contradigan el espíritu de economía libre que va a animar el mercado único, con más controles e intervencionismos.

Tampoco será aceptable la parálisis o inacción de quienes han recibido el mandato democrático de gobernar, ni que la hipoteca de ciertos interlocutores sociales bloquee las posibilidades de las empresas en el horizonte de 1993. En otras ocasiones aún recientes, los españoles supimos afrontar los problemas derivados de la transición política y de la crisis económica mediante una política de solidaridad que se plasmó en la concertación social.

De aquella forma de proceder nos beneficiamos todos, puesto que estuvo en la base de la recuperación económica que tuvo lugar a partir de 1985. La mejor contrapartida para todos fue el propio acuerdo y la prosperidad económica que generó. Ahora estamos en un caso en el cual el pacto está todavía más justificado. No debe plantearse por ello en términos de intercambio o de cesiones y contrapartidas, sino en buscar el consenso sobre aquellos objetivos de carácter nacional que más beneficien a la economía. Así lo deben entender todos los interlocutores sociales y políticos, sobre todo estos últimos, ya que la decisión de integrarnos en la Comunidad Europea fue tomada por unanimidad en las Cortes.