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LA ARMONIZACIÓN FISCAL EUROPEA

Bases imponibles y 'centros de papel'

"El problema no es armonizar los tipos de gravamen, sino las bases imponibles a partir de las cuales se aplican los tipos", dice el Fiscalista Josep Santacana, vicepresidente de la Confederación Fiscal Europea.A juicio de Santacana, la Comunidad no tiene ningún interés en armonizar los gravámenes sobre los beneficios empresariales. "En 30 años no ha habido ningún avance para homogeneizar la fiscalidad directa", añade.

Para reforzar su opinión de que no existe ningún interés por acercar posiciones en el impuesto de sociedades, Santacana asegura que resultaría muy fácil de resolver: "Bastaría con poner en marcha la cuarta directiva comunitarla sobre normas de contabilidad. La cuarta directiva ya prevé un plan de contabilidad en la que se establece el nivel de las amortizaciones permitidas y el calendario a aplicar".

"La armonización de los impuestos directos no está en el calendario de negociaciones", recuerda André Autrand, jefe de gabinete de la comisarla Christiane Scrivener.

La Comunidad teme las ventajas fiscales que están ofreciendo minúsculos centros como Chipre, Malta, Gibraltar, Mónaco, Madeira o la isla de Man. Estos paraísos Fiscales están proliferando en los últimos años gracias a una baja o nula Fiscalidad y a la ausencia de controles y retenciones sobre los rendimientos del capital.

En su libro La internacionalización de la banca española, Ángel Berges, Emilio Ontiveros y Francisco José Valero definen estos centros como aquellos "en los cuales el volumen de negocio no guarda relación con la dimensión y necesidad del mercado doméstico". En el caso de la banca se les conoce como centros de papel. Estos centros han sido definidos por los autores como aquellos "en los que se registra contablemente, pero en realidad no se efectúa la actividad".

Para combatir este tipo de centros de papel, el Ministerio de Economía y Hacienda español está elaborando un decreto que suprimirá la exoneración del pago de impuestos del que se benefician los inversores de otros países comunitarios por los intereses y aumentos de patrimonio generados en España (véase EL PAÍS del 8 de junio).

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