La CE obligará a los empresarios a dar al trabajador una copia escrita de las condiciones laborales

Los empresarios estarán obligados a dar al trabajador una copia escrita de sus condiciones de trabajo, según el acuerdo político alcanzado ayer en Luxemburgo por el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de la Comunidad Europea.

La nueva directiva entrará en vigor formalmente el 1 de julio de 1993, aunque los Doce se comprometen a esforzarse para adelantar esa fecha. El elemento de prueba de la relación laboral será la primera norma comunitaria sobre derecho del trabajo.

La nueva directiva obligará a introducir sólo pequeños cambios en la legislación española, según manifestó ayer el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, porque ya está en vigor la obligación del empresario de facilitar al trabajador el contrato por escrito y, en algunos casos, de registrarlo en el Instituto Nacional de Empleo.

La norma comunitaria tampoco ayudará a resolver la polémica planieada por la patronal CEOE por la ley de información a los representantes sindicales. En este caso, la obligación comunitaria se circunscribe a las partes contratantes: empleador y empleado.

El trabajador tendrá derecho a disponer de contrato y, en caso negativo, podrá solicitar una copia, escrita del mismo a su empresario. Éste tiene un plazo máximo de dos meses para hacerlo.

En el documento figurará la identidad de las partes, el lugar de trabajo, el grado o categoría del empleo y su descripción, la fecha de inicio de la relación laboral y, en caso de contrato temporal, la duración previsible del mismo.

Las únicas excepciones a este derecho son los empleos de carácter ocasional y los casos en que la prestación de servicios dure menos de un mes o la jornada sea inferior a ocho horas por semana.

Carta Social Europea

Los Doce alcanzaron un compromiso político, que se concretará de nuevo una vez que el Parlamento Europeo emita el dictamen que no pudo aprobar hace unos días por falta de quorum.La directiva sobre el elemento de prueba de la relación laboral representa -junto a la norma que extiende los beneficios de seguridad e higiene a los trabajadores atípicos- el primer acuerdo sobre el programa de acción que desarrolla la Carta Social. Este texto no tiene carácter vinculante por el veto del Reino Unido.

La delegación británica, aunque mantiene su oposición a que la CE legisle en materia social, anunciós un abstención para permitir que la directiva pueda entrar en vigor. El Reino Unido tiene reconocido este derecho a sus trabajadores, al contrario que Francia.

Por otra parte, el Consejo inició el debate sobre la directiva que garantizará el permiso mínimo retribuido a las mujeres embarazadas. España está de acuerdo con su contenido, pero se opone a que el tema de retribución sea decidido por mayoría y, junto al Reino Unido, exige la unanimidad para sacar adelante esta norma.