España, en Schengen

ESPAÑA Y Portugal ingresan mañana como miembros de pleno derecho, tras permanecer algunos meses como observadores, en el llamado Grupo de Schengen, anticipo a escala reducida de un espacio único en el que los ciudadanos europeos puedan moverse sin trabas: la "libre circulación de personas" que quiere la CE y que pasa por ser el exponente más significativo de la unión europea en curso. Condición indispensable para que España pudiera dar este paso ha sido la exigencia de visado a los ciudadanos magrebíes (marroquíes, argelinos y tunecinos) que transitan por su territorio o pretenden residir en él. Pues bien, España puso en marcha este mecanismo burocrático el 15 de mayo pasado, dando garantías a los actuales integrantes del Grupo de Schengen -Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia- de que sus fronteras exteriores quedaban selladas de acuerdo con las reglas del citado grupo.La adhesión de España sólo será plenamente efectiva, sin embargo, cuando sea ratificada por el Parlamento español. Hasta ahora, sólo Francia ha cumplimentado este trámite -la Asamblea francesa se pronunció sobre este asunto el pasado día 4-, lo que da una, idea de las dificultades planteadas en la constitución de este grupo. Y no hay que extrañarse de ello. La supresión de las fronteras interiores, o lo que es lo mismo, la creación de un nuevo espacio de libre circulación de personas y mercancías, no es tarea fácil en países que, como la mayoría de. los europeos, tienen un concepto de la soberanía nacional muy arraigado en su historia y en su cultura. Desde esta perspectiva es comprensible que el abandono de una parte de la soberanía nacional por cada uno de los integrantes del Grupo de Schengen implique la total confianza entre todos ellos respecto de las medidas de control adoptadas en sus fronteras exteriores.

Para España era un objetivo político importante participar cuanto antes en esta experiencia de laboratorio de lo que será la Europa sin fronteras a partir de 1993. No sólo por demostrar la seriedad de su compromiso en el cumplimiento de las normas comunes, sino también por hacer valer sus puntos de vista en cuestiones tan delicadas como el control de las fronteras, la exigencia de visado a los ciudadanos de países terceros -la lista común comprende actualmente 110 países-, el derecho de asilo y la puesta en vigor de un complejo sistema de cooperación policial y de auxilio judicial. España no puede aceptar interpretaciones de la. normativa común que pretenden convertirla en instrumento de la particular política sobre extranjeros de algunos países comunitarios.

El Tratado de Schengen, esbozado en 1985 en la ciudad luxemburguesa de este nombre y operativo sólo desde hace un año, puede ser la pieza más simbólica de la voluntad de los europeos de unirse en un solo espacio político, pero también el anuncio de un preocupante cambio en sus tradiciones hospitalarias. Las organizaciones humanitarias, e incluso algunos de los Gobiernos signatarios, han manifestado su temor ante las consecuencias de la ausencia de control democrático en su aplicación, pues ni siquiera los Parlamentos nacionales han participado en su elaboración, y su rechazo o ratificación sólo puede serlo en bloque. Las principales consecuencias temidas son que comporte graves riesgos para los derechos individuales y refuerce en exceso el control policial e informático sobre las personas.

En este terreno, uno de los puntos más inquietantes es el montaje de una estrecha cooperación policial basada en un sistema informatizado, el sistema de información Schengen, ordenador común situado en Estrasburgo (Francia), capaz de fichar a cientos de miles de personas: extraditables, extranjeros indeseables, desaparecidos, llamados a declarar, etcétera. El tratado prevé la protección de los datos personales informatizados y el compromiso solemne de respetar la inviolabilidad del individuo. Pero será necesario que ciudadanos e instituciones -y ojalá que también los Gobiernos- estén vigilantes para que el sistema se atenga a las reglas y no actúe por su cuenta.