El plan de competitividad entra en el Parlamento (y II)

El texto del pacto social de progreso que ha sido remitido al Parlamento por el Gobierno, y cuya parte fundamental fue publicada ayer por El PAíS, aborda en uno de sus capítulos un análisis de la evolución de la economía española en la década de los 80. El que sigue es un extracto del mencionado capítulo, en el que se defiende la política de corrección de desequilibrios aplicada desde el año 1983 y la utilidad de los procesos de concertación social conseguidos en algunos ejercicios claves. Según se afirma en el capítulo, la contribución más destacada de la política de pactos al auge de la economía española ha sido el haber hecho posible la credibilidad de la orientación de la política económica. Además, los pactos facilitaron el uso de dos instrumentos de disciplina, la moderación del salario nominal y la nueva política de manejo del tipo de cambio sin los que buena parte de los resultados cosechados desde 1986 habrían sido muy difíciles de alcanzar. La moderación del salario nominal, de acuerdo con el análisis que se realiza en el capítulo, supuso liberar a la economía española de parte de la ilusión monetaria que las anteriores políticas habían incrustado en el funcionamiento de los mecanismos de formación de precios y salarios.

La economía española en la década de los ochentaLa profunda transformación operada en nuestra economía, durante la pasada década, venía exigida por nuestro deseo histórico de integración en la Comunidad Europea. (...)

La necesidad de llevar a cabo ese cambio de orientación de nuestra política económica, queda suficientemente justificada al constatar que los efectos de la crisis económica internacional de los años setenta resultaron devastadores para nuestro proceso de convergencia hacia el nivel de bienestar europeo. [ ... ]

La apuesta entre 1974 y 1977 por una política económica caracterizada por la ausencia de disciplina monetaria, fiscal o cambiaria, junto con unas reivindicaciones salariales en claro conflicto con la situación real, y las perspectivas de la economía española condujeron a que en los 10 años siguientes, la sociedad española tuviera que afrontar la destrucción de casi dos millones de puestos de trabajo, la aparición de una tasa de desempleo superior al 20%, una elevada y persistente tasa de inflación, el progresivo deterioro de la situación financiera del sector público y la acumulación de cuantiosos déficit externos, que hicieron crecer el endeudamiento externo hasta triplicar el nivel de nuestras reservas de divisas. Todo ello configuraba la existencia, al principio de la pasada década, de un conjunto de desequilibrios macroeconómicos básicos mucho más intensos que en el resto de Europa, sin cuya corrección resultaba imposible el proceso de integración en la Comunidad.

Un análisis retrospectivo de los efectos del programa de reforma y saneamiento de la economía española, que comenzó a aplicarse a partir de 1983, demuestra que la reducción de los desequilibrios económicos es compatible con el mantenimiento de tasas de crecimiento económico elevadas. Por supuesto, para conciliar ambos objetivos fue necesario instrumentar políticas de reformas estructurales que favoreciesen una mejor asignación de los recursos y, por tanto, reforzaran el crecimiento potencial de la economía, y aplicar políticas de manejo de la demanda que hiciesen compatible el crecimiento de la demanda interna con el crecimiento de la producción doméstica ( ...) .

Los resultados de esta combinación de políticas han sido siempre satisfactorios, y buena prueba de ello fueron los resultados cosechados entre 1986 y 1990. En esos años, la economía española ha acumulado un crecimiento del PIB del 25% -frente a un crecimiento medio del 16,5% en la CEE- y, simultáneamente, ha sido posible reducir la tasa de inflación en más de dos puntos porcentuales, las necesidades de endeudamiento del sector público en 2,6 puntos del PIB y la tasa de desempleo en algo más de cinco puntos porcentuales, creando más de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo. ( ...)

Es más, la reducción de la inflación que se ha logrado y el crecimiento del empleo registrado, son claros indicadores de que el sistema productivo español es paulatinamente más eficiente a la hora de enfrentarse a su elevada tasa de paro, sin duda, su desequilibrio básico más acusado. Mientras que entre 1977 y 1982, la rigidez de la economía y las expectativas inflacionistas requerían que cada punto de reducción de la inflación se asociara a un aumento del desempleo cercano a 1,2 puntos, entre 1986 y 1990 las medidas de flexibilización económica y la consolidación de unas expectativas favorables a la desinflación han permitido reducir simultáneamente el desempleo y la tasa de inflación.

Uno de los elementos claves que facilitaron la introducción de un clima más favorable a la desinflación de la economía española fue la política de concertación social que, revistiendo múltiples formas institucionales y cubriendo periodos de mayor o menor duración, existió desde la restauración democrática.

Aunque, en ocasiones, se haya pretendido reducir estos acuerdos entre los interlocutores económicos y sociales a meros pactos de moderación salarial, lo cierto es que una somera revisión de su contenido indica que fueron diseñados para permitir el cumplimiento de objetivos más ambiciosos [ ... ]

Aunque los distintos pactos o acuerdos suscritos en los primeros años de la década de los ochenta incorporaban cláusulas de moderación del salario nominal, el análisis de la evolución del poder de compra de los asalariados durante el último decenio demuestra que, exceptuando los años 1981 y 1984 -en los que, por cierto, no existieron procesos de concertación- el salario real aumentó en todos y cada uno de los años del periodo.

La moderación del salario nominal, a la vista de la evolución del salario real, sencillamente supuso liberar a la economía española de parte de la ilusión monetaria que las anteriores políticas habían incrustado en el funcionamiento de nuestros mecanismos de formación de precios y salarios. En consecuencia, la moderación salarial, al favorecer la aparición de un contexto económico más estable, permitió la creación de empleo neto a partir de 1985 y contribuyó a mejorar la distribución funcional de la renta de la forma más solidaria posible, es decir, a través de la incorporación de población potencialmente activa al mercado de trabajo. (...) Pero posiblemente la contribución más destacada de la política de pactos, al auge de la economía española, haya sido el haber hecho posible la credibilidad de la orientación de la política económica. Hubiese sido muy difícil recuperar, en los años centrales de la década pasada, la confianza en la economía española de los inversores nacionales y extranjeros, si la mejora en la tasa de rentabilidad del capital se hubiera tenido que apoyar en un proceso de expulsión de trabajadores del mercado de trabajo hasta que el nivel de salario real fuese compatible con el nivel de productividad. Por otra parte, el Gobierno habría tenido más dificil el reconocimiento de la reputación antiinflacionista de su política económica, si la contracción de la demanda interna hubiese tenido que apoyarse exclusivamente en la política monetaria y fiscal. Finalmente, algunas de las cruciales reformas estructurales que se produjeron, habrían sido mucho más costosas social y económicamente, si no hubiese existido la concertación social. (...)

Buena parte de los resultados cosechados desde 1986 habrían sido muy díficiles de alcanzar, si la economía española no se hubiera dotado de dos instrumentos de disciplina: la moderación del salario nominal y la nueva política de manejo del tipo de cambio. Estas dos anclas nominales del sistema contribuyeron decisivamente a configurar unas expectativas claramente desinflacionistas que, al cumplirse, alimentaron el proceso de inversión, generación de empleo y crecimiento iniciado en la segunda parte de 1985.

Reconstruir este contexto macroeconómico y social vuelve a ser decisivo en las vísperas de la construcción de la unión económica y monetaria. En primer lugar, porque desde nuestra incorporación al acuerdo cambiario del SME, el mantenimiento de una política cambiaria que no permite acomodar, vía devaluaciones, las pérdidas de competitividad, es un rasgo irreversible de nuestro sistema económico.

Y en segundo lugar, porque recuperar la consistencia entre las tasas de crecimiento del salario nominal y las ganancias de productividad, es el único camino que permitirá conciliar la creación sostenida de empleo y la ganancia del poder de compra de los salarios, factores ambos que deberían continuar siendo los impulsores de nuestro proceso de convergencia a los niveles de renta per cápita en la Comunidad Europea.

El mejor modo de combinar ambos objetivos y hacer irreversible el proceso de convergencia a la prosperidad europea, es asegurar que los salarios reales no absorban todos los incrementos de productividad del sistema, permitiendo así mantener la continuidad del proceso inversor generador de empleo y de futuras ganancias de productividad. Esta ruta, que es sostenible en el tiempo, puesto que mantiene la inversión, la competitividad externa y el crecimiento del empleo y del producto, es superior a la ruta alternativa de crecimientos del salario real de las personas ya ocupadas por encima de las ganancias de productividad del sistema, una estrategia que, aunque inicialmente puede crear el espejismo de una ganancia de poder de compra, acaba por revetarse como estéril [ ... ]La superioridad de la ruta que combina la maximización del empleo con la obtención de ganancias de salario reales, ajustadas al aumento de productividad del sistema, es una contundente lección de nuestro pasado económico, que también viene avalada por las dispares experiencias que han experimentado algunos de nuestros socios comunitarios en los últimos años. (...)

Obviamente existen muchas explicaciones de este dispar comportamiento económico, pero entre todas ellas merece la pena destacar dos:

1. El distinto papel jugado en estos países por la política monetaria y más específicamente por el tipo de cambio.

2. El divergente comportamiento experimentado por los costes laborales unitarios en el Reino Unido y en los otros dos países comunitarios citados, fruto, en estos últimos casos, de sus procesos institucionalizados de concertación.

Efectivamente, mientras que a partir de 1984, en el Reino Unido la oferta monetaria ha aumentado a tasas muy elevadas desde principios de la década, la oferta de saldos reales en Bélgica y Holanda no ha crecido más allá del 5%. Por otra parte, mientras que el tipo de cambio efectivo de la libra se ha depreciado prácticamente de forma continuada desde 1986, los tipos efectivos de Bélgica y Holanda, o bien se han apreciado ligeramente, o bien han permanecido estables. Ello parece confirmar la importancia crítica que ha adquirido la reputación antinflacionista de las autoridades económicas, a la hora de determinar el coste de lograr las tasas de inflación reducidas que requiere la construcción europea. Esta hipótesis de credibilidad se vería igualmente reforzada por un análisis de la experiencia francesa, país que parece haber conseguido desprenderse de sus tradicionales inercias inflacionistas, tras convertir el mantenimiento de la paridad del franco con el marco en el centro de su política económica.

Pero no menos importante que los efectos de las diferentes políticas monetarias y cambiarías practicadas en estos países, han sido las derivadas de la evolución de los salarios. Los costes laborales unitarios británicos han acumulado, desde 1987, un crecimiento nominal del 23%, frente a los aumentos del 6,8% y del 3,2% que han registrado Bélgica y Holanda. El reflejo que este comportamiento ha tenido sobre la competitividad de las respectivas economías, sus equilibrios externo e interno y, en consecuencia, sobre las expectativas de crecimiento en el medio y largo plazo son, ciertamente, patentes.

En síntesis, tanto la experiencia doméstica como la internacional, parecen apuntar a que el objetivo perseguido por la economía española -la convergencia a los niveles de bienestar europeos mediante la creación de empleo y la mejora del poder de compra del salario real- es un proceso que requiere la eficaz combinación de un buen número de políticas y actuaciones econórnícas. La primera de ellas, el mantenimiento de un crecimiento económico estable y no inflacionario, lo que, a su vez, requiere la credibilidad del compromiso antiinflacionario del Gobierno y la colaboración de los agentes sociales. Y en segundo lugar, la conjunción de las políticas de manejo de la demanda y las de reformas estructurales y políticas industriales, a fin de que la mayor flexibilidad de la economía y la mayor eficiencia en la asignación de recursos aseguren que la economía está maximizando sus posibilidades de crecimiento económico.

Todos estos objetivos son, evidentemente, mucho más fáciles de lograr si existe un amplio acuerdo social sobre la mejor manera de instrumentar las políticas necesarias. Quizá la mejor forma de apreciarlo sea analizando las consecuencias económicas y sociales que para España tendría el intento de converger rápidamente a la situación macroeconómica, que nos exige nuestra integración en la UEM, sin que mediase un amplio pacto social del progreso.