La fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que acelere el examen de la contabilidad de los partidos de 1988 y 1989

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ibáñez, de acuerdo con el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, ha solicitado a este organismo que acelere la elaboración de los informes sobre contabilidad de los partidos de 1988 y 1989, con especial atención a las denuncias de supuesta financiación irregular de PSOE a través de las empresas Filesa, SA, y Time Export, SA. Ésta es una de las conclusiones del informe de Ibáñez, que no halla conexiones de dichas firmas con el PSOE en los informes ya revisados.

Miguel Ibáñez García-Velasco, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, fue requerido el pasado 29 de mayo por el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, para que realizase una investigación sobre la supuesta financiación irregular del PSOE a través de las empresas privadas Filesa, SA, y Time Export, SA, según noticias aparecidas que reproducían facturas aportadas por el ex contable de dichas firmas, Carlos van Schouven. Según dichas informaciones, Time Export, SA y Filesa, SA, habrían recibido cientos de millones de diversas entidades por unos estudios nunca realizados. Por su parte, según Schouweri, las dos empresas citadas habrían pagado material propagandístico impreso para el PSOE por valor de más de 100 millones, un vídeo electoral por unos 13 millones y el alquiler de al menos dos meses de la sede electoral socialista en 1989 -Gobelas,33-, por un importe de unos ocho millones de pesetas.El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, tras recibir el encargo de investigar tales hechos, revisó todos los informes emitidos por este organismo sobre la financiación de todas las campañas electorales celebradas de 1986 a 1989 y los de contabilidad general de los partidos, de los que sólo se ha realizado el de 1987. El fiscal Ibáñez entregó a Torres a última hora del martes el informe que se ha realizado sobre estos supuestos hechos.

En el documento, según distintas fuentes relacionadas con el caso, se hace una descripción de la legislación que regula la financiación de los partidos; se reflejan leves anomalías que figuran en los informes ya hechos en tanto que diversas empresas no comunican al tribunal los servicios que facturan ni al PSOE ni a los demás partidos. Finalmente, se deja constancia de que en ninguno de los informes ya realizados se ha hallado ninguna relación entre las empresas Filesa, Time Export y Malesa con el partido socialista, según confirman diversas fuentes relacionadas con el caso.

Informes sobre campañas

Sin embargo, algunos de los hechos denunciados, de ser ciertos, deberían haber figurado en los balances de campaña presentados por el PSOE. Este sería el caso del material de propaganda electoral supuestamente destinado a campañas del PSOE en 1989 por valor de más de 100 millones que facturó Filesa en junio y septiembre de dicho año a la empresa Hauser y Menet. Asimismo, el video que supuestamente facturó Filesa a la firma Mabuse por valor de 13 millones con destino a la campaña socialista. Si se confirma la exactitud de todos estos puntos denunciados por van Schouweri, fac turas originales en mano, se habría producido no ya una mera infracción -donativos privados superiores a lo permitido por la ley-, sino un delito: ocultamiento de ingresos al partido en tanto que tales servicios pagados por Filesa o Time Export suponen donativos en especie.

Una conclusión ya operatlvas de este trabajo es la solicitud cursada al Tribunal de Cuentas, de común acuerdo entre el fiscal Ibáñez y el fiscal general del Estado, de urgir a que se culmine el informe de contabilidad de los partidos en 1988 pendiente de recibir las alegaciones de los partidos, y el de 1989, del que sólo se dispone de la documentación aportada por las formaciones, pero que aún no ha sido contrastada e investigada en la sede de las propias fuerzas por este organismo. Estos años resultan cruciales para la investigación, ya que los hechos denunciados, supuestamente ocurrieron en 1989, si bien Filesa y Time Export ya operaba en 1988.

De hecho, en la petición ya cursada se solicita que el Tribunal examine con especial atención los puntos denunciados por la Prensa. Torres, a la vista del informe ya remitido, tiene entre otras opciones, la posibilidad de solicitar al Tribunal de Cuentas una auditoría especial sobre el PSOE o remitir al fiscal de la sala competente el citado documento para que sea la vía judicial quien prosiga con la investigación. Ambas instituciones, fiscalía y Tribunal de Cuentas han mostrado su voluntad de no dar carpetazo a la investigación.

La Ley Electoral General establece que ninguna persona, fisica o jurídica, puede aportar más de un millón de pesetas a las cuentas abiertas por un mismo partido, federación, coalición o agrupación para recaudar fondos en las elecciones convocadas.

La ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de partidos políticos, prohíbe las aportaciones anónimas, cuando la cuantía total de las recibidas en un ejercicio económico anual sobrepase el 5 por 100 de la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado en ese ejercicio para atender la subvención pública a los partidos políticos prevista y aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica, superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año