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El juez de Ferrol citará como presuntos inculpados a jefes del arsenal militar

Santiago de Compostela.

Varios jefes y oficiales de la Armada en Ferrol (La Coruña) serán llamados a declarar en los próximos días como presuntos inculpados ante el juez José Luis Aulet Barrós, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de esta ciudad, en relación con las irregularidades denunciadas en el sector naval. Por otra parte, la empresa Bazán investiga el supuesto soborno a un alto cargo de la compañía en Cartagena.

Junto a los militares, fuentes de la investigación y del arsenal aseguran que también serán llamados a declarar algunos directivos de empresas privadas con sede en esta ciudad, aunque no de las firmas cuyos nombres se han difundido estos días. La toma de estas declaraciones permitirá al juez formular los primeros cargos contra personas implicadas en la concesión ilegal de contratos.El juez tiene pruebas que permiten deducir la existencia de indicios racionales de delito en la conducta de las personas que serán citadas en un plazo de dos semanas. La primera fase de la investigación se ha centrado en un reducido número de sociedades, no más de cuatro, suministradoras de la Armada, según fuentes próximas al caso.

Las diligencias posteriores se ampliarán a otras empresas de las se sospecha que han obtenido contratos fraudulentos. El juez ha decidido seguir este método, dada la magnitud del fraude y la dificultad para probar los delitos, según las mismas fuentes.

Preguntar por las denuncias sobre corrupción en Ferrol estos días es entrar en un clima enrarecido. Todas las personas que hablan de los hechos exigen el anonimato. Ferrol vive aún bajo el trauma de la reconversión de Astano, la pérdida de empleos y el deterioro económico que supuso para muchos comercios y empresas que vivían bajo el paraguas de esta empresa. El temor es que la investigación arrastre a empresas ubicadas en el Ferrol y sean sustituidas por firmas foráneas.

Las investigaciones realizadas hasta ahora y las afirmaciones de empresarios parecen confirmar que estas prácticas están "extendidas en el sector naval" y que es una situación heredada de las condiciones históricas del sector. No parece existir una estructura unitaria tras el fraude, sino grupos, algunos importantes, en la Armada y el sector privado, ya que "sería imposible la corrupción en el segundo sin la primera". El juez Aulet ha manifestado que las investigaciones afectarán a las empresas, pero irán también "contra altos cargos de la Administración y funcionarios que la han propiciado".

Pago de comisión

Por otra parte, Izquierda Unida difundió ayer una serie de documentos que contienen indicios de irregularidades en los arsenales de la Armada y los astilleros de Bazán. El más significativo es la fotocopia de una nota interior de la empresa Anglo Naval e Industrial SA (ANISA), que ordena el ingreso de un cheque, por valor de 250.000 pesetas, en una cuenta correspondiente a Lorenzo Blanco Escudero, segundo jefe del grupo de Presupuestos y Control de Bazán en Cartagena. El documento de ANISA señala que el pago al directivo de Bazán, "correspondiente a comisiones", debe "ingresarse como en ocasiones anteriores".

Fuentes de Bazán han confirmado que ANISA es suministradora del astillero público y que ayer mismo se desplazaron a Cartagena el secretario general de la compañía, Santiago Galindo, y el director económico y de control, José Luis Fernández, para aclarar el origen del pago, que "en principio no tiene ninguna justificación".

El Ministerio de Economía difundió ayer la imposición de una multa a ANISA por "infracción tributarla grave" en su declaración de 1985. Según la documentación difundida por IU, la deuda tributarla total de ANISA es de 300 millones de pesetas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de junio de 1991

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