La reforma del 'decreto Boyer' admite contratos superiores a tres años para situaciones excepcionales

La norma que servirá para derogar el decreto Boyer sobre alquileres contemplará excepciones en la duración mínima de los contratos de arrendamientos, que será de tres años, como ya anunció el presidente del Gobierno, Felipe González. Dichas salvedades responderán a situaciones excepcionales, aún sin definir en su totalidad, y serán aplicables tanto para aumentar ese periodo como para disminuirlo, según fuentes de la Administración. Por otra parte, continúan los contactos entre representantes del Ministerio de Obras Públicas y miembros de las administraciones autonómicas.

Uno de los pilares básicos del Plan de acceso a 460.000 viviendas sobre el que trabaja el Gobierno es la reforma del mercado del alquiler. El primer paso de esta reforma es la derogación del decreto Boyer, que fija en un año la duración máxima de los contratos.La nueva norma, cuyo rango legal no ha sido todavía determinado, introducirá como principal innovación que la duración mínima de los contratos de arrendamiento sea de tres años. No obstante, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, encargado de diseñar la alternativa al decreto Boyer, introducirá flexibilidad en la aplicación de este principio.

El futuro texto legal contemplará un conjunto de salvedades, que estarán siempre sujetas a situaciones de excepción (graves dificultades económicas, mutuo acuerdo entre inquilino y propietario, y varias más aún por determinar) que pemitirán tanto que el contrato se haga por menos de ese tope de tres años como que se congelen las condiciones económicas pactadas para ese periodo de tiempo y se prolongue el arrendamiento.

La otra novedad que regirá en el mercado de los alquileres será la introducción de un índice de actualización económica de los contratos durante el tiempo que duren. En estos momentos se está barajando una triple alternativa para la confección de ese índice: realizarlo en base al IPC general, al IPC específico de vivienda o crear una fórmula nueva teniendo en cuenta las experiencias de otros países.

De esta tríada, la que parece tener mayores posibilidades de ser elegida es la del IPC general, a pesar de las reticencias que muestran los técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Otra de las líneas maestras del plan de vivienda radica en la coordinación de las políticas del Gobierno central con los autonómicos y con los Ayuntamientos. De hecho, cuando Felipe González presentó los objetivos del plan 460.000 recalcó que sin ese apoyo el programa sería inviable.

La negociación de esa coordinación entre las diversas administraciones ha sido prácticamente nula por mor de las elecciones autonómicas y municipales celebradas el pasado 26 de mayo. Ahora, y a pesar de que hay muchos interlocutores en el alero a la espera de que se aclaren los pactos de gobierno, esos contactos comienzan a proliferar.

A lo largo de la semana pasada, la directora general para la Vivienda y la Arquitectura, Cristina Narbona, se reunió con miembros de las administraciones andaluza y valenciana. De esta doble reunión ha nacido el primer compromiso firme, puesto que la Comunidad Valenciana, va a poner en marcha un plan de construcción de 19.000 nuevas viviendas protegidas en los alrededores de Valencia, Alicante, Castellón y Elche.

Reunión con Cataluña

Esta serie de contactos con las administraciones locales tiene precisamente hoy un hito importante, puesto que los representantes del Ministerio de Obras Públicas se reúnen en Madrid con una delegación de Cataluña. La comunidad catalana, por sus condiciones y necesidades económicas y sociales, debe ser, junto a la madrileña, uno de los centros neurálgicos del plan de vivienda. Canarias, Extremadura y de nuevo Andalucía completan la agenda de encuentros inmediatos.