'Las reingresás'

Se llaman Cristina, Pilar, Asunción, Victoria, Juana, Carmen, María Elisa, Julia, Concepción, Francisca o Matilde. Todas ellas nacieron entre la segunda y la tercera década del siglo XX y se casaron a lo largo de los años cuarenta y cincuenta. Y precisamente por eso, porque se casaron, tuvieron que abandonar su trabajo en Renfe. Con la llegada de la democracia reingresaron en la empresa pero todavía hoy no han conseguido acabar con los efectos discriminatorios de la antigua norma. Ni siquiera han conseguido dejar de sentirse rechazadas.

Durante la dictadura de Franco el cambio de estado civil de soltera a casada significaba la "excedencia forzosa" para las funcionarias y trabajadoras de un puñado de empresas públicas como Renfe o Telefónica. "Tienes que ponerte en la mentalidad del año 58, que es cuando me casé", dice Marisol Manrique, delegada de Comisiones Obreras que tuvo que dejar de trabajar al contraer matrimonio y no pudo volver a su empleo hasta la llegada de la democracia. "Si eso pasa ahora, me arrejunto y punto; pero en aquella época era imposible, hubiese matado del disgusto a mis padres", explica la regordeta ferroviaria de cara de porcelana.Renfe desconoce cuántas ferroviarias se vieron afectadas por la "excedencia forzosa por matrimonio" que mandaba una ley de diciembre de 1944. Algunas intentaron esquivar su destino retrasando su boda dos o tres años "a la espera de que aquello cambiara", explica F. González que estuvo apartada de su puesto en Renfe durante 17 años pero no de la necesidad de colaborar a la economía familiar.

La dirección sólo tiene registradas medio millar que decidieron reingresar a cambio de devolver la dote que recibieron por casarse -"tantas mensualidades como años de servicio haya prestado", reza el reglamento de la época-. Se las conoce como las reingresá y están desperdigadas por toda España. De estas, algunas siguen trabajando, otras están jubiladas y el resto aceptaron la propuesta de la empresa de marcharse al paro subvencionado durante dos años hasta que cumplieran 60 y empezaran a cobrar la jubilación.

Traslados

Una propuesta que se realizaba mediante entrevistas personales que las trabajadoras califican de "amenazadoras". Una de las protagonistas añade que muchas de sus compañeras "se asustaron" y aceptaron la propuesta "cuando las amenazaban con cambiarlas de destino". M. L. fue una de ellas. Explica que la dirección "nos hizo una trampa donde caímos todas porque decían que si no lo aceptábamos nos trasladaban a Vigo o a cualquier parte de España". M. L. reingresó en Renfe, donde había trabajado de 1950 hasta 1959, en 1982.Pero explica que "todo hubise cambiado" en su vida si no hubiera existido la "excedencia forzosa por matrimonio". "Entré de oficial, volví de oficial y me jubilé de oficial. Mientras que sin esa ley podía haber ascendido y me hubiese jubilado con una pensión mejor".

Todas ellas, al haberse pasado entre 15 y 30 años alejadas de Renfe "a la fuerza" se han encontrado que cuando les llega la hora de jubilarse su pensión se ve considerablemente menguada o, simplemente, no suman los años suficientes de cotización necesarios para recibirla. Por eso decidieron dirigirse a los tribunales para acabar con los efectos negativos generados por una situación que les vino impuesta.

Lo hicieron tras conocer las sentencias favorables a las primeras que se rebelaron contra los efectos de la norma: las funcionarias y las chicas de Telefónica.

Pagar la cuota

A rebufo de esas sentencias, 344 ferroviarias decidieron demandar a Renfe y a la Tesorería General para que se les admitiera el periodo de excedencia a efectos de Seguridad Social. Sólo dos mujeres lo hicieron por su cuenta y el resto presentaron demandas en grupos multitudinarios."Los efectos discriminatorios que implicaba la excedencia forzosa a no quedarían subsanados si únicamente se las confiriese el derecho a su reincorporación al trabajo y no se suprimiesen o eliminasen los impedimentos para lograr la eficacia igualitaria a la hora de obtener una prestación vitalicia" reza una de las ocho sentencias dictadas por la sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia en 1989.

El alto tribunal manda a Renfe pagar la cuota empresarial de estas trabajadoras a la Tesorería General de la Seguridad Social. La dirección de la compañía ferroviaria va a pagar los más de 3,5 millones de pesetas que suman estas cuotas esta semana con lo que intenta dar carpetazo al conflicto.

En lo que respecta a las mujeres, las sentencias dicen que tienen que abonar la cuota de trabajador que, dependiendo de los años que han trabajado, puede oscilar entre 32.000 y 161.000 pesetas.

Este abono del dinero acabará con el problema de 344 señoras pero no lo hará con el de 156 mujeres también reingresadas que no han reclamado. "Como todavía nos quedan unos seis años hasta la jubilación, estamos esperando,que las sentencias sienten jurisprudencia", explica la portavoz de un pequeño grupo de reingresadas que todavían están en activo y que prefieren mantenerse en el anonimato.

Pero a la empresa no le gusta nada esta postura y mantiene que sólo pagará la cuota empresarial, que hará que puedan percibir una pensión entre el 95% y el 100% de su base reguladora, a las trabajadoras que "inicien el proceso judicial como lo han hecho sus compañeras".

"A Renfe no le interesa que estén aquí", señala Emilio Fernández, jefe de acción social de la empresa nacional de ferrocarriles que alega que "como se han tirado mucho tiempo fuera no son administrativos perfectos". "Una mujer que ha estado en casa haciendo huevos fritos y tortillas no puede estar tan capacitada, tan avezada como un hombre que lleva aquí 30 o 40 años", añade Fernández que explica que, por lo tanto, no tienen derecho "a estar en las mismas condiciones que nosotros que llevamos aquí desde que tenemos 18 años".