Las eléctricas deben dedicar parte de los beneficios a asegurar a sus pensionistas

El Ministerio de Economía es partidario de que las obligaciones atrasadas de las compañías eléctricas en materia de pensiones se cubran con cargo a beneficios, según fuentes de la Administración. El capital necesario para asegurar los compromisos de pensiones complementarias asciende a unos 500.000 y para su cobertura se barajan varias posibilidades con cargo a reservas, con cargo a benericios, o sufragando parte del déficit vía tarifa.

La actualización de las obligaciones contraídas por las empresas como complemento al Régimen General de la Seguridad Social supuso para las empresas eléctricas la sorpresa de encontrarse con que debían hacer frente a un total de 500.000 millones de pesetas. Ante esta situación, la patronal del sector, los Ministerios de Economía e Industria, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y Arthur Andersen consituyeron una comisión para estudiar la adaptación legal de los compromisos de las compañías a la nueva situación y su armonización con el Plan General Contable.En estos momentos, las conclusiones de la comisión se encuentran en fase de elaboración, tarea que corre a cargo del ICAC. Una vez terminado este documento, deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda, por la vía de la Secretaría de Estado de Economía. A pesar de que las conclusiones están sometidas a variaciones ulteriores, hay un conjunto de soluciones prácticamente inamovibles.

El tema central de debate en esa comision ha sido la fórmula sobre la que se articularía la consecución de los fondos destinados a cubrir las obligaciones sobre pensiones. Las opciones giraban en torno a tres alternativas: utilizar las reservas, recortar los resultados o establecer una ayuda vía tarifas.

Desde el primer momento, los representantes de UNESA se mostraron partidarios de que, al igual que sucede en otros casos como el coste de la moratoria de las centrales nucleares, parte de la deuda se cubriera mediante un recargo de las tarifas eléctricas. Sin embargo, fuentes de la Administración señalan que el Ministerio de Economía y Hacienda no es partidario de esta fórmula.

Entre las dos alternativas restantes, la preferida por la Administración es que se efectúe don cargo a beneficios, dado que optar por un deterioro, de las reservas puede ser peligroso de cara a la solidez de las entidades. Esta solución cuenta, obviamente, con la oposición frontal de las eléctricas.

No obstante, esta discrepancia no tiene réplica en otros aspectos del plan. El conjunto de los integrantes de la comisión están de acuerdo en aumentar los plazos de amortización tanto para pensiones causadas (personal pasivo) como para las no causadas (personal activo).

En teoría, el plazo de amortización para obligaciones pasivas de 7 años, y para las activas de 15. La solución articulada es que en el primero de los casos se aumente hasta 10 años, y el segundo hasta 20.

Otro de los aspectos concordantes es que la tasa nominal de actualización sea del 6%. Sin embargo, algunas compañías, como Unión Fenosa han optado por hacer su cálculos con un 8%. Además, todas las compañías, excepto Iberduero e Hidrola, han optado por recoger sus compromisos en un fondo interno, es decir, controlando la gestión, directa.

Iberduero e Hidrola, convertidas en Iberdrola I e Iberdrola II, han optado por dos mecanismos distintos. Iberduero posee una mutualidad para canalizar a sus obligaciones con el personal, con la que controla un capital superior a 30.000 millones de pesetas. Hidrola fue la única eléctrica que se acogió a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.