Las nuevas amenazas

El autor considera, en este tercer capítulo, que las instituciones definidas en la transición han cumplido su función pero que ahora, cuando no hay peligro de desestabilización, nuestras amenazas son las propias de las sociedades industriales y posindustriales y, en el plano político, la fragilidad de la cultura política y la falta de participación.

El supuesto psicológico y político sobre el que se sostuvo la transición fue el temor a la inestabilidad y la conciencia de la eventual fragilidad de la democracia. Los hombres que encabezaron las distintas formaciones políticas, y que fraguaron o ratificaron el consenso, sabían perfectamente que las formaciones políticas que dirigían eran, en muchos casos, embriones de partidos, y que para que se sustentase el régimen parlamentario era preciso que los mismos fuesen robustecidos a través de apoyos indirectos en la legislación, en especial a través de un régimen electoral que fuese eliminando la presencia de un número elevado de formaciones, la famosa sopa de letras.La democracia nacía débil, con lejanos antecedentes, apoyada en un entusiasmo superior al que ahora se reconoce; pero, ciertamente, amenazada de peligros. La imagen de la inestabilidad gubernamental de la IV República Francesa servía de advertencia suficiente.

Basándose en ese temor a la inestabilidad se definen ciertas instituciones y principios que van a caracterizar a nuestro régimen. Para robustecer a los partidos se opta por el sistema proporcional, con reparto de mayor resto (D'Hondt) y la presentación de listas bloqueadas y cerradas. Para favorecer la estabilidad gubernamental se configura la cuestión de confianza y el voto de censura positivo, presentando un candidato y requiriendo la mayoría absoluta. También basándose en la necesidad de un Ejecutivo fuerte se definen las facultades y competencias del jefe del Gobierno en una dirección que permitirá un cierto grado -grande- de presidencialismo de jefe de Gobierno. La tendencia a la personalización del poder en nuestra época y el carisma de los primeros jefes del Ejecutivo configurarán una fuerte tendencia al presidencialismo y un cierto carácter plebiscitario de las consultas electorales generales. Por otra parte, lo establecido en cuanto al Ejecutivo estatal se reproducirá luego en los estatutos de autonomía. Si se observa ahora el desarrollo, se concluirá que las instituciones así definidas han cumplido su función. Han jugado bien los votos de censura y las cuestiones de confianza. Se han creado Gobiernos monocolores de mayoría o cercanos a la mayoría. Se entra ahora, a varios niveles -sin duda, en los autonómicos y municipales-, en otra época, en que se imponen las coaliciones o los apoyos de legislatura, o, como se dice con el barbarismo usual, puntuales.

Es cierto, el régimen de partidos políticos ha simplificado y racionalizado la vida partidaria. La prima a los grandes ha cumplido una función en el ámbito autonó mico, arrojando una representa ción importante para los grandes partidos regionales, pero a la vez ha mantenido la de los partidos nacionales. Los principios, proporcional para el Congreso y más, personalizado para el Senado, no han jugado mal.

No obstante, procede hoy preguntarse sobre si el supuesto que debe informar la vida política sigue siendo el de la inestabilidad o si aparecen otros que obligan a mayor matización. También se debe plantear cuáles han sido los efectos de las instituciones antes citadas.

Me parece evidente que no existe hoy entre nosotros peligro de inestabilidad y que la democracia no está amenazada por ninguno de nuestros demonios familiares, salvo uno, la apatía de la vida política.

El juego de las instituciones y la labor de los protagonistas de la época han creado una situación estable. La integración en la Comunidad Europea y la definición de la opción de defensa han anclado la estabilidad española. Nuestras amenazas no son la tendencia a la inestabilidad, sino las propias de sociedades industriales y posindustriales: droga, marginación, guetización, fragmentación social y cultural, reacciones racistas ante la inmigración de los países del Tercer Mundo, desgana, nuevos pobres, eliminación del analfabetismo pero aculturación de ciertas capas, etcétera. Y en el plano político, la fragilidad de la cultura política y la falta creciente de participación. Como en los países desarrollados, las carencias democráticas son más cualitativas que cuantitativas. El elemento inercial de la política se incrementa. Ello cuando el país es sujeto de dos grandes procesos que podríamos denominar constituyentes: el de culminación del Estado de las autonomías y el de la creación de la unidad económica, monetaria y eventualmente política de Europa.

Dos palabras sobre estos dos procesos de los que se habla mucho, pero sobre los cuales el debate político es menguado y muchas veces carente de rigor.

Si la conciencia de la eventual inestabilidad dominó ciertas instituciones, la del problema de los nacionalismos centrífugos apareció en las constituyentes. Un consenso y un compromiso se establece en el título 81. Pero la solución cobra su propia dinámica, y el resultado es mucho más que el compromiso: se trata de un proceso de tendencia federalizante, que, en mi opinión, constituye una de las innovaciones más importantes y fructíferas de nuestra acción política. Lo que merece señalarse ahora, cuando hablamos de los supuestos constituyentes y de la actual realidad, es que la solución se ha convertido en una fuerza histórica y en una innovación notable. Mas la visión originaria sigue en cierto modo operando. La transferencía de competencias es considerable; sin embargo, el Estado -o, si se quiere, el Gobierno central- sigue operando con una lógica y unos tropismos de Estado unitario, cuando se ha alcanzado una descentralización y una participación en el poder en algunos aspectos superior a los de un Estado federal. El poder central cumple y transfiere, pero no lleva a cabo una lectura global sobre cuál es su función en una perspectiva cuasí federal del Estado de las autonomías.

Otro caso, pues, de la inercia de los supuestos surgidos durante la transición cuando éstos ya están superados.

Integración europea

El pensamiento sobre el Estado debe también alimentarse de la realidad de la integración europea. Ésta avanza con detenciones, pero inequívocamente hasta rebasar los conceptos propios de un Estado clásico. Un 30% de las normas de cualquier ordenamiento de un país miembro provienen ya de fuente comunitaria. La aplicación del derecho derivado -fruto del proceso legislativo comunitario- es para los reglamentos directa y prioritaria. Y sin embargo, el debate político español está ayuno de reflexiones y polémicas comunitarias. En países de gran tradición parlamentaria, como es el Reino Unido, la situación de déficit representativo se trata de compensar con frecuentes debates en los Comunes sobre temas comunitarios. No así en la carrera de San Jerónimo.

ex ministro de Asuntos Exteriores, es miembro del Comité Federal del PSOE.