La selva de papel
La burocracia ahoga los proyectos ecologistas del Gobierno de Brasil
En junio de 1992 se celebrará en Río de Janeiro la Eco 92, la conferencia sobre medio ambiente convocada por la ONU. Brasil se prepara, y el objetivo es ofrecer a los visitantes -cerca de 40.000 personas son esperadas- la imagen de un país preocupado en preservar sus reservas naturales. Pero los proyectos conservacionistas del Gobierno brasileño se ven ahogados por otra selva no menos real: la selva de papel de los burócratas.
El Gobierno brasileño se ha comprometido a dar prioridad absoluta a los proyectos de infraestructura de sus unidades de preservación de reservas, parques y estaciones ecológicas. Sin embargo, los resultados no son de momento muy halagüeños: de las 350 unidades de preservación, tanto a nivel federal como a nivel provincial, cerca del 70% existe solamente sobre el papel.Los cajones de los burócratas de turno están llenos de mapas, gráficos, planos, decretos, asegurando protección a 300.000 kilómetros cuadrados -es decir, el 5% del territorio nacional pero una superficie equivalente a la de toda Italia-. Sólo el 33% de las reservas naturales brasileñas cuentan con una infraestructura mínima (puestos de vigilancia y alambradas) y sólo el 19,5% del total cuenta con vehículos, equipo de apoyo, armas y personal en número adecuado.
Para controlar esos 300.000 kilómetros cuadrados, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) cuenta con 548 fiscales, técnicos e ingenieros forestales. Eso significa un vigilante para cuidar un área natural cuya extensión equivale a la mitad de una ciudad como Río de Janeiro. El mismo IBAMA calcula que serían necesarios por lo menos 3.200 fiscales para asegurar una vigilancia mínima sobre las áreas protegidas.
De todos los parques nacionales brasileños, el Gobierno logró regularizar solamente el 22%. Para expropiar todas las áreas preservadas por decreto el Gobierno debería pagar unos mil millones de dólares (más de 100.000 millones de pesetas). Hasta ahora, el IBAMA no ha expropiado siquiera un metro cuadrado de reservas naturales.
El problema es especialmente agudo en la Amazonia, donde el Gobierno no es dueño de ningún parque nacional y donde hay un guarda forestal por cada 3.666 kilómetros cuadrados. El parque nacional del Pico de la Neblina, en la frontera con Venezuela, es un claro ejemplo de la situación. El parque tiene importantes reservas minerales y sufre una seria devastación. Sus cinco áreas indígenas son invadidas constantemente por los garimpeiros (buscadores de oro) y los conflictos se suceden. Carreteras y pistas clandestinas para pequeños aviones cortan la selva y nadie puede hacer nada: al fin y al cabo, la reserva existe sólo sobre el papel.
