La trama y la cuchilla

José Vicente Roca, un alto funcionario de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, fue acusado de aprovechar el falseamiento de un plano para cometer una estafa. Un edificio de Valencia fue calificado como "servicio público" por la comisión municipal de Urbanismo, y, en el plano correspondiente fue colocada una trama que así lo indicaba. Roca constituyó, en unión de otras tres personas, una empresa que compró el edificio por 252 millones de pesetas. Pocos días después, y con el aval de un plano en el que la trama correspondiente a "servicio público" había desaparecido, el inmueble fue vendido por 447,5 millones.El asunto fue denunciado y juzgado el pasado año. La sentencia consideró no probado que José Vicente Roca fuera la persona que manipuló el plano para hacer desaparecer la trama con la ayuda de una cuchilla, por lo que no prosperó la acusación de estafa, y condenó por negociación prohibida a los funcionarios.Barbate, Burgos, León

Los tribunales de justicia de todas las comunidades autónomas están llenos de proyectos urbanísticos polémicos.

El del Puerto de la Plata, de Barbate (Cádiz), relacionado con el caso Juan Guerra y calificado de prevaricación por el ministerio fiscal, es uno de ellos.

El Ayuntamiento rechazó en principio el plan -que preveía hoteles y 2.000 viviendas- porque no se ajustaba a la normativa urbanística de la localidad, pero lo aprobó tras la mediación de Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno.

También llegó a los tribunales el caso de la construcción, en el que el alcalde de Burgos, José María Peña San Martín, y otras 11 personas fueron acusados'de distintos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y cooperación necesaria para el delito de estafa; todos ellos en relación con operaciones urbariísticas. El alcalde burgalés espera juicio para después de las elecciones municipales y autonómicas. Pero en la mayoría de las ocasiones no pasa nada. Muchas actuaciones irregulares son legalizadas posteriormente.

Así sucedió con la ampliación de un hotel de un concejal de Benidorm, emprendida con una licencia concedida por el Ayuntamiento a pesar de que el proyecto había recibido un cuño rojo en el Colegio de Arquitectos. La ampliación suponía la eliminación ¿le una calle en proyecto. El Plan General de Urbanismo, que se encontraba en revisión, legalizó la operación.

La picaresca ha llegado a extremos como el de León, donde el Ayuntamiento recalificó unos terrenos a petición de una persona inexistente, el fantasma Cándido, en una operación supuestamente promovida por propietarios de- los terrenos afectados que habría supuesto un volumen de negocio de 20.000 millones de pesetas.