El tribunal del 'caso Amedo' rechaza 22 de las 26 preguntas hechas a Felipe González

El tribunal del denominado caso Amedo ha rechazado 22 de las 26 preguntas que, sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), habían formulado los abogados de la acción popular, Fernando Salas y José Luis Galán, para que fueran contestadas por el presidente del Gobierno, Felipe González. Asimismo, han sido consideradas impertinentes cuatro de las 10 cuestiones que los letrados habían planteado para que fueran respondidas por el ministro del Interior, José Luis Corcuera. González y Corcuera, como miembros del Gobierno, tienen la facultad de declarar por escrito.

Los abogados citados hicieron público ayer un comunicado en el que señalaron que "tan drástico recorte en la ya de por sí desvirtuada prueba testifical por escrito incide en que el juicio de los GAL se convierta en un juicio light".

Las preguntas declaradas impertinentes hacen referencia a la creación de los GAL, a la mejora en la colaboración antiterrorista por parte de Francia tras la desaparición del grupo, a la falta de investigación en España de las actividades del terrorismo anti ETA, a la negativa a facilitar información sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior y al respaldo del Gobierno a los procesados José Amedo y Michel Domínguez. También figuran dos preguntas sobre el gal Georges Alphonse Mendaille, cuya extradición a Francia fue concedida por la Audiencia Nacional y, congelada por el Consejo de Ministros desde septiembre de 1989.

Ajenas a los hechos

El tribunal considera que la mayoría de las preguntas declaradas impertinentes resultan ajenas a la investigación de los hechos que se juzgan, otras hacen referencia a cuestiones de política internacional, o son reiterativas, piden aclaraciones de expresiones vertidas en conferencias de prensa o encierran juicios de valor.

Las cuatro preguntas que se formularán a Felipe González y las otras seis que se realizarán a José Luis Corcuera hacen referencia al conocimiento concreto que los dos testigos tenían de las actividades del subcomisario Amedo y el inspector Michel Domínguez, y exclusivamente en lo referido a los atentados de los bares Batzoki y La Consolation, del sur de Francia, así como el atentado contra el prófugo Juan Carlos García Goena. Una de ellas se refiere a por qué no se investigó en España la trama de los GAL tras descubrirse la participación de Amedo y Domínguez.

El tribunal ha rechazado además otras peticiones de los abogados como que el traslado de las preguntas a los miembros del Gobierno se efectuara pocos días antes de iniciarse el juicio y que el plazo para responder no excediera de tres días. La Sala ha acordado que las preguntas se pongan en conocimiento de González y Corcuera el próximo día 20 de este mes, mientras que las respuestas deberán estar en poder del secretario del tribunal un día antes de que empiece el Juicio, el 11 de junio.

Los abogados Fernando Salas y José Luis Galán presentarán recurso de súplica contra la decisión del tribunal, mientras que las víctimas de los atentados de los GAL recurrieron al Tribunal Constitucional el hecho de que González y Corcuera declaren por escrito.

Fernando Salas explicó que Izquierda Unida y los parlamentarios de Euskadiko Ezkerra y Eusko Alkartasuna han mostrado su disposición a convertir en interpelaciones parlamentarias las preguntas declaradas impertinentes.

Corcuera dijo ayer que responderá todas las preguntas que los jueces quieran formularle. Por su parte, el ex ministro del Interior José Barrionuevo, testigo en el juicio, no quiso pronunciarse ayer sobre la declaración de impertinencia de la mayoría de las preguntas formuladas a González y Corcuera. Barrionuevo criticó a la acción popular por intentar mezclar asuntos jurídicos y políticos. El ex ministro estimó razonable el que determinadas autoridades declaren por escrito, ya que "en otras pretensiones no hay un intento de esclarecer y hacer justicia, sino de oscurecer, enturbiar y enredar".

Antonio Romero, diputado de Izquierda Unida, criticó la exclusión de tan alto número de preguntas y señaló que tanto González como Corcuera deberían contestar a todas las preguntas ya que se les formulan por escrito.

Buscar ramificaciones

El catedrático Enrique Gimbernat manifestó que, en su opinión, todas las preguntas eran pertinentes. "El supuesto de hecho del que se parte es la investigación de una organización terrorista que según el juez instructor, Baltasar Garzón, tiene ramificaciones por arriba. Aparte de los que ya aparecen, todo lo que sea aclarar si había otras personas como inductores, cómplices o encubridores no es apartarse del objeto del proceso".

"La Audiencia Nacional se achantó cuando Interior se negó a contestar sobre los fondos reservados, decidieron no investigar por arriba y siguen en esa línea", añadió Gimbernat.

El catedrático Miguel Bajo indicó que muchas de las preguntas no debieron rechazarse "en la medida en la que todo lo que tenga que ver con una organización terrorista tiene una significación jurídico-penal".