El Gobierno estudia reducir los metros de las viviendas protegidas

El plan de vivienda que está preparando el Gobierno baraja la posibilidad de reducir de 90 a 70 el tope máximo de metros cuadrados a construir en las viviendas de protección oficial, aunque sólo en alguno de sus tramos. Además, en las distintas alternativas que están estudiando tanto el Ministerio de Economía como el de Obras Públicas y Transportes, se contempla el incremento del gasto público en vivienda en una cuantía que va desde los 60.000 a los 100.000 millones de pesetas

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, y el de Obras Públicas, José Borrell, ultiman la respuesta del Gobierno al programa electoral del PSOE en el que se promete facilitar la financiación de 4.00.000 viviendas. La líneas maestras de este plan serán expuestas hoy en persona por el presidente del Gobierno, Felipe González, a los responsables regionales del partido socialista.A lo largo de la semana, los equipos encargados de dar los últimos retoques han estudiado cinco escenarios distintos. Al margen de lograr un gran pacto político en materia de suelo, el incremento del tope salarial para el acceso a la financiación protegida y la reforma del mercado del alquiler y del hipotecario, todos los escenarios añaden dos nuevos aspectos: la reducción del tamaño máximo para algunas viviendas de protección oficial y el incremento de los recursos públicos destinados vía Presupuestos Generales a la promoción de la vivienda.

La intención de la Administración es reducir de 90 a 70 metros cuadrados la edificación máxima de las viviendas protegidas, si bien este recorte no sería extensivo a todas ellas, según fuentes de la Administración.

Gasto público

La medida tiene como objeto abaratar el precio de la vivienda, adecuando su tamaño a las necesidades reales de los núcleos familiares. En la actualidad, la mayor parte de las viviendas de protección oficial se ajustan a esos 90 metros cuadrados máximos, a pesar de que existe la posibilidad de edificar viviendas de menor tamaño.

La otra gran novedad consiste en incrementar las dotaciones públicas destinadas al fomento del acceso a la vivienda. En los Presupuestos Generales del Estado en vigor, esta ayuda ronda los 100.000 millones de pesetas. Aunque la cuantía de ese incremento es una decisión aún sin adoptar, los escenarios barajados establecen una ampliación de 60.000 a 100.000 millones.

Esta doble vía sería el apoyo de otra de las medidas diseñadas y que apunta a la elevación de tope de ingresos máximos para acceder a la vivienda protegida y a su financiación en condiciones ventajosas. Hasta el momento, el límite para optar a la subvención de parte del crédito de acceso a una VPO de régimen general está en 2,5 veces el salario mínimo interprofesional que ahora es de 53.250 pesetas mensuales (SMI) tope que será elevado en uno o dos puntos. Por otra parte, el límite para acceder a una VPO es 5 veces el SMI, aunque la intención es elevarlo hasta 7 veces. Este incremento ya se ha efectuado en algunas comunidades que cuentan con la capacidad legal de hacerlo, caso de Navarra y el País Vasco, donde ese tope está en 7,5 veces el SMI.

Al margen de estas modificaciones sobre, el plan dotará de especial relevancia un instrumento financiero prácticamente desconocido en España, los fondos de inversión inmobiliaria.

Al término del pasado Consejo de Ministros, Carlos Solchaga anunció que estos fondos tendrían un trato fiscal de favor, igual al que el nuevo IRPF otorga a los de inversión mobiliaria.