Cultura pregunta al Consejo de Estado si debe identificar a sus proveedores de arte

El Ministerio de Cultura ha pedido un informe al Consejo de Estado para saber si debe hacer pública o no la identidad de los particulares y galeristas que han suministrado las obras de arte adquiridas por el Gobierno para los museos estatales. El titular del departamento, Jordi Solé Tura, mantuvo ayer, en su primera comparecencia en el Congreso, un duro enfrentamiento con el representante del PP, que calificó la actitud del ministerio de "inaceptable ocultación".

El diputado popular Miguel Ángel Cortes anunció la decisión de su grupo de utilizar todos los mecanismos legales disponibles, incluso planteando el tema ante el Tribunal Constitucional, si el ministerio no explica qué personas, físicas o jurídicas, han intervenido, como propietarios o intermediarios, en las adquisiciones de obras de arte efectuadas por el ministerio. "Tenemos dudas sobre si esta información debe hacerse pública o no y por eso hemos preguntado al Consejo de Estado", explicó Solé Tura, que rechazó cualquier intento de ocultación.Este argumento no fue aceptado por el representante popular, que replicó al ministro que la consulta al Consejo de Estado debía haberse efectuado el pasado mes de noviembre, cuando se interesó por escrito sobre el tema, y no ahora, cuando, al no obtener la información solicitada por conducto parlamentario, ha acudido personalmente al ministerio. Cortés aseguró ayer, ante la Comisión de Cultura del Congreso, que altos cargos del ministerio intentaron zanjar la cuestión facilitándole los datos solicitados "de forma privada, sin que trascendieran a la opinión pública". Ofrecimiento que fue rechazado por el diputado popular, quien aseguró: "No voy a tener otras relaciones con el ministerio que las públicas". "Ha existido y existe voluntad de ocultación", reiteró Cortes.

Debate sobre museos

Ministro y diputado coincidieron en cambio cuando este último se refirió a la oportunidad de celebrar un debate nacional, "residenciado en el Congreso", sobre la política a seguir en relación a las grandes instituciones museísticas del Estado. En este debate deberían participar, mediante su comparecencia en la cámara, "destacadas personalidades del mundo del arte y de la cultura en general.

Cortés defendió la eventual implicación del Congreso en las grandes decisiones sobre museos con una frase que atribuyó a Azaña: "El Prado es más importante que la monarquía y la República". El ministro anunció, en relación a la propuesta, su interés por participar en el mencionado debate, sin precisar en ningún momento si el Gobierno o el Grupo Socialista impulsarán alguna iniciativa destinada a otorgar o no carácter vinculante a las conclusiones de la mencionada discusión.

Solé Tura reiteró, durante su intervención, la voluntad del Gobierno de remitir a las Cortes una ley del mecenazgo, aunque, en contra de lo que hizo su antecesor, sin comprometerse a hacerlo en una fecha concreta.

El representante de IU, Baltasar Garzón, pidió la promulgación de una ley del libro y valoró la intervención del ministro en los siguientes términos: "Es difícil no compartir los objetivos que ha planteado, pero no ha comentado de qué medios dispone para llevarlos a cabo". El ministro señaló que estos medios están a la vista en los presupuestos generales del Estado. Pese a esta observación, Solé Tura aseguró que "los recursos son absolutamente insuficientes, pero no sólo los del ministerio", matizó.

El representante popular aprovechó la mención a los recursos destinados a la cultura y a la futura ley del mecenazgo para afirmar que "el ministro de Hacienda es el enemigo número uno de la cultura".

"No es cierto", afirmó Solé Tura, también en respuesta a Garzón, "que se haya desasistido a Gabriel Celaya; hemos cumplido con creces". El ministro anunció que su ministerio estudia la eventual constitución de un fondo destinado a afrontar situaciones como las vividas por el poeta recientemente fallecido. Advirtió, no obstante, que los creadores culturales -sean novelistas, poetas o pintores, entre otros- "son ciudadanos como los demás", por lo que deben contribuir a la seguridad social, por ejemplo, y estar sujetos a las leyes del mercado.